“A los conductores particulares que utilizan sus vehículos para la prestación ilegal de transporte público de pasajeros se les cancelará su licencia de conducción y solo podrán volver a solicitarla 25 años después”, dijo Orozco durante un acto de Gobierno en Cartagena.
Según la funcionaria, la decisión se tomó porque “existe una correlación trágica entre la ilegalidad y la siniestralidad vial”.
En este sentido, la circular emitida por el Ministerio reitera a las autoridades de tránsito y a los conductores que está completamente prohibido que vehículos particulares, sin permiso, presten cualquier servicio de transporte público, salvo las excepciones consagradas en la Ley 769 de 2002.
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En Colombia operan compañías como Uber y Cabify que han sido sancionadas por las autoridades por “incumplir la orden de cesar la facilitación y promoción de la prestación de servicios de transporte no autorizados”.
Preguntado sobre la medida que anunció el Ministerio, el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, explicó en Caracol Radio que, en la primera vez que un conductor de un vehículo particular sea sorprendido prestando el servicio público tendrá una suspensión de seis meses, “y posteriormente si es sorprendido reincidiendo tendrá una cancelación de 25 años”.
“En el tema de plataformas, la única manera de cancelar esto, digamos, dar licencias a estas plataformas está regido sobre una ley de libertad de red. El único que está autorizado para cancelar estas plataformas es un juez de la república”, agregó Ostos en la emisora.
Recordó en ese mismo medio que el Ministerio de Transporte, en 2016, puso una demanda ante un tribunal de Cundinamarca, que está en curso, y la Superintendencia de Transportes ha emitido varios comunicados sobre acciones en donde suspende y sanciona a empresas, no solo Uber, plataformas que facilitan servicios de transporte.
“Esto es una discusión que hay que abrirla, pero también hay que enviar unos mensajes de institucionalidad. Si alguna de estas plataformas quiere legalizarse y quiere hacer la tarea en Colombia, pues lo que tiene que hacer es cumplir las reglas: pagar sus pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual que protegen a los usuarios, y pagar seguridad social de los conductores, lo cual promueve la formalización del trabajo en Colombia”, agregó.
Fue enfático al afirmar que “ellos [las plataformas] no pueden hacer la homologación de vehículos. Una de nuestras funciones como Ministerio es homologar los vehículos que consideramos aptos para esos servicios de transporte público, y ellos están haciendo esta homologación, arrogándose las funciones del Ministerio”.
“Pero, además de eso, están fijando tarifas por fuera de los reglamentos del Ministerio de Transporte. Esto es una problemática que no podemos, como Ministerio ni como Estado, permitir”, dijo, y agregó que cerca de 900.000 conductores de taxi que hay en Colombia pagan su seguridad social para poder operar.
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