Un atentado sicarial sacudió el norte de Bogotá este lunes 13 de octubre por la tarde, cuando dos activistas venezolanos, Luis Alejandro Peche Arteaga y Yendri Omar Velásquez Rodríguez, fueron atacados a tiros a la salida de un edificio en el barrio Cedritos.
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María Corina Machado condenó enérgicamente el hecho, calificándolo como una “grave agresión” contra los derechos humanos y exigiendo al Gobierno de Gustavo Petro una investigación “exhaustiva, transparente y urgente” para identificar a los responsables.
Ambos activistas, perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, están estables, aunque Velásquez requirió cirugía. Ambo permanecen en la Clínica Reina Sofía.
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En un comunicado difundido en X, Machado destacó que Velásquez, refugiado en Colombia tras ser secuestrado en agosto de 2024 por su labor en derechos humanos, y Peche, exiliado por persecución política, son víctimas de un ataque que “no solo los afecta a ellos, sino a toda la labor de promoción de los derechos humanos en la región”.
Machado pidió a la administración de Petro “una investigación exhaustiva” y medidas de protección para los venezolanos exiliados en Colombia.
Atentado contra activistas venezolanos en Bogotá
El incidente ocurrió a las 3:15 p. m., cuando Peche, consultor político, y Velásquez, defensor de derechos humanos, esperaban un servicio de transporte.
Dos sujetos armados los abordaron y dispararon, dejando a ambos heridos antes de huir, según informó la Policía Metropolitana. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a la Clínica Reina Sofía, donde Velásquez fue intervenido quirúrgicamente, mientras Peche permanece bajo observación.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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