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El Cuarto Diálogo Ciudadano, desarrollado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) en Bogotá, constituye un avance relevante en la consolidación de una ciudad más resiliente frente a los desafíos actuales del cambio climático y la gestión del riesgo. Dicho evento, que tuvo lugar en la localidad de San Cristóbal, buscó integrar a autoridades, gestores y habitantes en torno a estrategias participativas, donde la gestión local adquiere un rol protagónico. A través del diálogo, se orientó la toma de decisiones hacia la construcción de territorios más seguros y menos vulnerables, resaltando la sinergia entre infraestructura y tejido social.
Al poner como prioridad la ejecución de obras en sectores como Usaquén, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, el IDIGER evidenció que la reducción del riesgo va más allá de lo técnico: se fundamenta en fortalecer la participación comunitaria y en promover el sentido de corresponsabilidad. Según informes de la entidad, la intervención ha beneficiado a cerca de 700 familias, mejorando su calidad de vida y generando apropiación sobre los espacios intervenidos. Tales acciones, según el propio IDIGER, no solo previenen eventos adversos, sino que también robustecen el tejido social y la cohesión entre comunidad y Estado.
El evento coincidió con lineamientos de organismos internacionales, como el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyas investigaciones sostienen que la sostenibilidad de medidas de mitigación climática requiere la inclusión activa de la base social en todas las etapas del proceso. Por ello, la experiencia de Bogotá se mostró como ejemplo de gobernanza multiactor, involucrando consejos locales y garantizando voz y voto para representantes sociales en 2025, tal como lo reflejan las cifras de movilización del IDIGER al cierre de julio.
A su vez, el desarrollo de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR/CC) representa un mecanismo democrático para consolidar la corresponsabilidad y la rendición de cuentas, aspectos fundamentales que han sido destacados por expertos y que resonaron durante el panel moderado por Claudia Rodríguez, contando con una activa participación de líderes sociales. Este modelo encuentra respaldo en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Colombia, que incentiva la descentralización y promueve el empoderamiento comunitario para enfrentar contingencias ambientales.
La coordinación entre diversas entidades, los equipos profesionales y las organizaciones de base ha permitido diseñar proyectos sostenibles y espacios de formación comunitaria que responden a las necesidades particulares de los barrios más vulnerables. Asimismo, la integración de organizaciones sociales y secretarías de inclusión social evidencia que la gestión del riesgo resulta indisociable de las políticas de equidad y bienestar; se trata, entonces, de un abordaje integral que considera tanto la infraestructura como el capital humano.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la participación ciudadana estructurada durante la planeación y ejecución de intervenciones públicas eleva la resiliencia y mejora la efectividad en la reducción del riesgo, sobre todo en entornos urbanos precarios. La experiencia bogotana, según los testimonios recogidos por el IDIGER, sirve como referente para otras ciudades latinoamericanas que se enfrentan a la urbanización acelerada y las inequidades sociales intensificadas por el cambio climático.
De este modo, el diálogo ciudadano impulsado por el IDIGER constituye más que un simple espacio de discusión; es una estrategia viva que articula democracia ambiental, acción estatal e iniciativas comunitarias con una visión de ciudad inclusiva y adaptativa. La conjunción de esfuerzos entre instituciones gubernamentales y la sociedad proporciona las bases de una cultura de prevención y compromiso social, reafirmada por organismos multilaterales como la ONU, que consideran indispensable la participación ciudadana para hacer frente a las amenazas ambientales presentes y futuras.
¿Qué funciones cumplen los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR/CC)?
La importancia de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR/CC) quedó reflejada en la organización y el seguimiento de los planes de acción presentados durante el Cuarto Diálogo Ciudadano. Estos organismos representan una plataforma en la cual la ciudadanía y las autoridades locales pueden planear, monitorear y ejecutar políticas orientadas a la reducción de riesgos y la adaptación al entorno climático. El hecho de que hayan alcanzado un avance del 50,2% en sus objetivos para julio ilustra cómo la estructura participativa estimula la corresponsabilidad y la rendición de cuentas.
Además, los consejos constituyen entes democráticos que garantizan la inclusión de diferentes voces y promueven la legitimidad de las políticas públicas en la esfera local. Liderados por representantes elegidos por la comunidad, estos espacios canalizan demandas y coordinan respuestas ante amenazas ambientales y sociales, permitiendo una gestión descentralizada conforme a los lineamientos nacionales y recomendaciones internacionales.
¿Por qué la participación comunitaria es clave en la mitigación del riesgo y la adaptación al cambio climático?
En las experiencias presentadas durante el evento organizado por IDIGER, se subraya que la participación activa de la comunidad supera la lógica asistencialista y pasa a consolidarse como motor fundamental en la sostenibilidad de las intervenciones públicas. Gracias a la apropiación de los proyectos y al diálogo directo, las comunidades se convierten en actoras del cambio, lo que, según estudios del Banco Mundial y la CEPAL, incrementa notablemente el impacto de las políticas de prevención.
Este protagonismo ciudadano facilita la identificación de amenazas concretas y potenciales, fortalece la confianza en las instituciones y auspicia el cuidado colectivo. Así, la construcción de una cultura de prevención, mencionada repetidamente por las fuentes citadas, solo resulta posible cuando existe un nexo fuerte entre la acción pública y la implicación comunitaria en todos los niveles del proceso de gestión ambiental y territorial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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