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En Bogotá, la administración encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán ha intensificado acciones para combatir la inseguridad alimentaria, un desafío persistente en las urbes latinoamericanas. Un hito en este esfuerzo es la reciente apertura del comedor comunitario número 17 en la localidad de Santa Fe, ubicado en el barrio Las Cruces. Este espacio fue acondicionado para atender a 250 personas mayores, habitantes de calle y residentes de pagadiarios, un tipo de vivienda que se caracteriza por la inestabilidad residencial y el aislamiento social. La iniciativa se integra dentro de la estrategia “carrera de los 21K contra el hambre”, la cual busca extender la cobertura de los servicios alimentarios, asegurando una coordinación eficaz entre entidades públicas, privadas y líderes comunitarios que posibilite una mejor identificación de la población beneficiada.
Como destaca el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, el enfoque va más allá de la provisión de alimentos: se trata de un modelo social que fomenta el encuentro y la dignidad en comunidades tradicionalmente marginadas. El programa articula tres líneas clave: Bogotá Sin Hambre, intervenciones directas en pagadiarios, y la atención integral de personas mayores. Resulta relevante el dato de que el 37 % de la población censada en los pagadiarios se beneficia de estas iniciativas, lo que pone en evidencia la atención prioritaria sobre este segmento vulnerable.
El perfil sociodemográfico de los usuarios evidencia profundas carencias. El 96 % de los beneficiarios son adultos y el 51 %, personas mayores; un 36.8 % habita en pagadiarios, donde la precariedad limita la posibilidad de preparar y almacenar alimentos adecuados. Las cifras señalan también que un 8 % pertenece a la población en situación de calle, quienes encuentran grandes obstáculos para acceder a una nutrición segura, incrementando riesgos de enfermedades asociadas. Además, más de la mitad vive en condiciones de pobreza extrema o moderada, agravando la magnitud de la inseguridad alimentaria, según reportes oficiales del Distrito.
El contexto nutricional es alarmante: en 2024, doce de cada cien gestantes presentan bajo peso gestacional y dos de cada cien niños menores de cinco años padecen desnutrición aguda, mientras el 12.7 % de estos menores está en riesgo de esa condición. La red de comedores en Santa Fe dispone actualmente de 1.950 cupos y se proyecta ampliar hasta 38.500, con cuatro nuevos establecimientos en 2025.
Este plan se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de erradicar el hambre para 2030. Sin embargo, datos del informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2023 reflejan que factores como la desigualdad, informalidad laboral y precariedad habitacional siguen siendo obstáculos estructurales. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Alimentaria, atender a poblaciones en pagadiarios y calle es prioritario, debido a los riesgos sanitarios y de salud mental que enfrentan. La fortaleza del modelo bogotano reside en su carácter intersectorial y en la inclusión activa de líderes comunitarios, lo que optimiza el alcance y reforzamiento del tejido social, según análisis de la Fundación Gabo y del LatAm Journalism Review.
Pese a los avances, la viabilidad futura de estos programas dependerá del respaldo político, la sostenibilidad financiera y la integración de un enfoque de derechos en las políticas públicas. Tal como señala un estudio de la Universidad de Missouri, la garantía de acceso universal y digno a la alimentación exige transparencia y participación ciudadana para mantener la legitimidad y el impacto de las acciones implementadas.
Así, la apertura del comedor comunitario en Las Cruces simboliza no solo una respuesta inmediata a la inseguridad alimentaria, sino también la voluntad de Bogotá por avanzar hacia una ciudad más incluyente. Resta por ver si estos esfuerzos podrán sostenerse y ampliarse ante los desafíos económicos y sociales, logrando la erradicación del hambre conforme a los estándares internacionales.
¿Por qué los residentes de pagadiarios son especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria? Los pagadiarios, una modalidad de vivienda transitoria caracterizada por condiciones precarias y cobros diarios, concentran a personas sin seguridad habitacional ni estabilidad laboral. Su vulnerabilidad se traduce en impedimentos para almacenar y preparar comida, dependencia de asistencia externa y mayor exposición a enfermedades. La focalización de programas en estos espacios es crucial, pues la inseguridad alimentaria se agrava por la falta de acceso a bienes y servicios básicos. A nivel de políticas sociales, los pagadiarios son frecuentemente invisibilizados por su informalidad y alta rotación de residentes. El registro y atención sistemática que promueve Bogotá contribuye a visibilizar este fenómeno y adaptar estrategias de respuesta, garantizando derechos fundamentales para quienes los habitan.
¿Cómo se define la inseguridad alimentaria y cuáles son sus principales indicadores? La inseguridad alimentaria se refiere a la limitación o incertidumbre en el acceso regular a alimentos suficientemente nutritivos y seguros para una vida activa y saludable. Este concepto implica factores tanto cuantitativos —como la cantidad de alimento— como cualitativos —referentes a calidad y diversidad—. Entre los indicadores empleados para medir su magnitud se encuentran tasas de desnutrición, bajo peso gestacional en embarazadas y prevalencia de hogares en pobreza extrema sin acceso regular a alimentos adecuados. Según el Distrito y organismos internacionales, el seguimiento de estos indicadores resulta clave para orientar la formulación de políticas y evaluar el éxito de las intervenciones públicas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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