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Un reciente informe de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), ha puesto en el foco público la preocupación sobre la seguridad en el sector del transporte público de la capital colombiana. Según información suministrada por El Colombiano, la investigación consistió en un cruce de bases de datos de antecedentes judiciales que abarcó 500 conductores de taxi, facilitadas voluntariamente por algunas empresas del sector. El resultado de este análisis dejó en evidencia que el 60 % de las personas verificadas, es decir, unas 300, presentan algún tipo de anotación judicial o registro penal vigente.
El detonante de este operativo fue la crisis de seguridad derivada de los denominados “paseos millonarios”, modalidad delictiva que involucra a conductores de taxi en el secuestro y robo de sus pasajeros. Casos recientes han levantado las alarmas entre las autoridades, entre ellos el secuestro de Diana Ospina y el asesinato del docente Neil Cubides, incidentes que, según declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, investigadas por las autoridades, se habrían perpetrado utilizando el mismo taxi como móvil. Esta información destaca el riesgo potencial que enfrentan los usuarios y subraya la importancia de tomar medidas para restaurar la confianza en este sector de servicios.
Las autoridades han precisado que la cifra divulgada corresponde únicamente a una muestra acotada de 500 conductores, cuyos datos fueron entregados voluntariamente por empresas de taxis, lo que excluye una representación integral de los más de 50.000 taxistas que circulan por la ciudad. Tanto la Policía como la Secretaría de Seguridad recalcaron que el objetivo principal del estudio era soportar procesos judiciales ya abiertos y no generalizar una estadística para todo el gremio, insistiendo en evitar cualquier estigmatización sobre la gran mayoría de taxistas honestos que trabajan diariamente en Bogotá.
En consecuencia, las autoridades distritales y empresas del sector han reflexionado sobre la necesidad de acentuar los controles en el proceso de contratación de conductores. Se propusieron estrategias concretas, como la solicitud formal al Ministerio de Transporte para crear un registro nacional donde las personas con antecedentes penales no puedan operar vehículos de transporte público.
Otra medida sugerida por la administración distrital consiste en aplicar la extinción de dominio —es decir, la apropiación estatal de bienes empleados para cometer delitos— de los vehículos implicados en crímenes, con el fin de indemnizar a las víctimas y desincentivar la comisión de delitos desde el gremio.
Finalmente, las autoridades instaron a las empresas de transporte a fortalecer los mecanismos de selección y vigilancia sobre quienes integran sus nóminas, reforzando así el compromiso de defender la integridad de los pasajeros que, diariamente, confían sus trayectos a este servicio esencial para la ciudad.
¿Qué es la extinción de dominio y cómo protege a las víctimas de delitos relacionados con el transporte público?
La extinción de dominio es un mecanismo legal que permite al Estado tomar la propiedad de bienes que hayan sido utilizados o vinculados con la comisión de actividades delictivas. En el contexto del transporte público, las autoridades de Bogotá han planteado la posibilidad de aplicar esta medida específicamente a los taxis involucrados en crímenes violentos o fraudes, como “paseos millonarios” y secuestros.
El objetivo de la extinción de dominio en estos casos es doble: por un lado, evitar que los vehículos usados para delinquir permanezcan en circulación, y por otro, canalizar recursos para reparar a las víctimas de estos delitos. La propuesta busca fortalecer la respuesta institucional frente a la inseguridad y garantizar que el servicio de taxi resulte seguro tanto para conductores como para los ciudadanos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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