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En un paso clave hacia el reconocimiento y la garantía de derechos para poblaciones étnicas en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) autorizaron oficialmente a parteras, parteros y autoridades indígenas de departamentos como Nariño, Amazonas, Magdalena y La Guajira para certificar nacimientos ocurridos en sus territorios.
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La decisión, formalizada mediante las circulares conjuntas 001, 002 y 003 de 2025, tiene como propósito eliminar las barreras que históricamente han dificultado la inscripción de nacimientos en comunidades apartadas o con baja presencia institucional.
Según explicó la directora nacional del Registro Civil, María Cristina Manzano, esta medida “atiende la necesidad de estas comunidades de contar con un mecanismo para certificar los hechos vitales que allí ocurren, y elimina las barreras para acceder a los servicios del Estado”.
En el departamento de Nariño, la autorización recae sobre parteras y parteros vinculados a la Asociación de Parteras La Cigüeña, quienes operan en municipios como Tumaco, La Tola, Barbacoas, El Charco, entre otros. Ellos podrán expedir certificaciones de nacimientos utilizando el formato de notificación diseñado por el DANE, con fines tanto estadísticos como registrales, dirigido especialmente a personas de grupos étnicos.
En el Amazonas, la medida beneficia a autoridades indígenas de comunidades adscritas al Consejo Indígena Territorio Miriti Amazonas (CITMA), como Santa Isabel, Puerto Libre, Bellavista, Wakaya, Puerto Guayabo y Villanueva, donde habitan etnias como los yucuna, matapi, tikuna y makuna.
Así mismo, en los departamentos de Magdalena y La Guajira, se reconoció a la Organización Indígena Wiwa Golkushe Tayrona como entidad competente para certificar nacimientos dentro de sus comunidades. Estas certificaciones tendrán validez por hasta dos años como antecedente válido para la posterior inscripción en el registro civil.
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La Registraduría subrayó que esta estrategia forma parte de una política institucional más amplia para cerrar las brechas de acceso a derechos civiles fundamentales en zonas históricamente marginadas. El objetivo es fortalecer la identidad jurídica de los recién nacidos en estas regiones, paso clave para su posterior acceso a educación, salud y programas sociales del Estado.
En palabras de Manzano, “estas poblaciones podrán acceder a sus derechos fundamentales y a los servicios sociales del Estado”. Además, la entidad aseguró que continuará desplegando esfuerzos para garantizar el acceso a la identificación en los territorios más alejados del país, especialmente en aquellos habitados por comunidades étnicas.
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