El Ministerio Público divulgó un documento en el que reclamó del Gobierno medidas para hacerle frente a esta problemática que, según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, representaron la pérdida de 178.597 hectáreas en 2017.
El órgano de control exhortó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a adoptar operaciones urgentes de prevención y control al tráfico ilegal de madera. Además, a concentrar esfuerzos defensivos en los departamentos de Caquetá, Meta, Putumayo, Chocó, Antioquia, Guaviare y Norte de Santander.
Ante la construcción de vías de acceso que facilitan la circulación de quienes se dedican a la tala indiscriminada y amplían ilegalmente la frontera agrícola, La Procuraduría llamó a desplegar acciones que garanticen la seguridad y la recuperación del control en las zonas afectadas.
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Así mismo, pidió al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, adelantar las investigaciones necesarias valiéndose de todos los mecanismos técnicos y legales disponibles, para dar con los responsables de estos delitos que atentan contra el derecho al medio ambiente sano.
En carta enviada al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Guillermo Murillo, y al director técnico de la Dirección de Bosques, Diversidad y Servicios Ecosistémicos, César Augusto Rey Ángel, también requirió información de todas las solicitudes de sustracción en áreas de reserva forestal de la Amazonía que se encuentren en trámite e indicar su estado actual.
Entre tanto, se le hizo un llamado al director Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, para que en el trámite de titulación se tenga en cuenta la grave situación de vulnerabilidad de la región, y en consecuencia, se privilegie la protección del medio ambiente sobre los derechos de propiedad privada económica que puede motivar la adjudicación de tierras en la región.
A los directores de la Corporación para el Desarrollo Sostenible y el Oriente Amazónico, Cormacarena, Corpoamazonia y Corporinoquia, se pidió remitir información sobre los permisos de aprovechamiento forestal desde el año 2015 y especificar los salvoconductos para la movilización de madera que han expedido.
Las corporaciones autónomas regionales también deberán entregar datos sobre los metros cúbicos de madera incautada en los años 2015, 2016 y 2017, su destinación, procesos administrativos y/o sancionatorios ambientales iniciados, y las políticas, programas o proyectos desarrollados para hacerle frente a la problemática de la deforestación.
Finalmente, el órgano de control instó al Superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, para que tenga en cuenta el origen de las solicitudes de información técnica registral dentro de los procesos jurídicos de restitución de tierras, y evite en lo posible la escrituración y registro de predios que presenten algún historial de sustracción.
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