Dichos contratos contabilizarían 3.296 millones de pesos, pero lo que realmente llevó a la Fiscalía a solicitar que el general retirado fuera enviado a prisión fue el contenido de las interceptaciones telefónicas en las que se evidenciarían sus maniobras orientadas a intervenir en el proceso, informa El Espectador.
Ese medio indica que la intervención de Romero, que se declaró inocente al ser capturado, llegaría al punto de conocer a los involucrados en la investigación e incluso se habría reunido con testigos “para monitorear si estaban participando o no en diligencias con la Fiscalía”.
El alcance de la influencia del general, sobre todo después de su ascenso, llegaría al punto de que tenía informantes dentro de las mismas instancias judiciales que llevaban a cabo las investigaciones, añade el impreso.
El contenido de ese material grabado se divulgó en parte en la diligencia, de donde surgieron los apellidos de otros generales, indica Blu Radio. Se trataría de los generales Mejía, Rodríguez y Salgado, aunque no trascendió a qué nombres se refieren exactamente.
El que sí se identificó fue Juvenal Díaz, actual comandante de la cuarta brigada que recibió una condecoración el 1 de agosto en el Concejo de Medellín.
Justamente él sería quien, como subordinado de Romero, habría ordenado “copia de todos los soportes de la información que obtuvo la Policía Judicial en esta investigación”, recoge esa misma emisora.
En las investigaciones habría participado activamente el mismo Ejército mediante labores de contrainteligencia al advertir algunos movimientos sospechosos que, de acuerdo con El Tiempo, podrían terminar en más capturas de otros oficiales.
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