Crimen en el campo: el asesinato de un cuidador revela la dura realidad rural en Colombia

El reciente asesinato de Juan Estrada, un humilde trabajador de 67 años dedicado al cuidado de una finca en el corregimiento de Bodeguita, municipio de Agustín Codazzi, Cesar, pone en tela de juicio la seguridad y las condiciones en que viven quienes velan por las propiedades rurales en Colombia. Estrada, oriundo de El Difícil, Magdalena, fue encontrado muerto con evidentes signos de violencia y robo, un hecho que, según la investigación realizada por El Pilón, revela la cruda realidad de las zonas rurales, donde cuidar una finca puede convertirse en una tarea de alto riesgo. Este crimen no es un evento aislado sino parte de un fenómeno que ha mostrado preocupante escalada en los últimos años.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) ha señalado que, solo en 2024, se reportaron más de 200 homicidios en zonas rurales del Cesar, muchos de ellos entrelazados con conflictos por la tierra, presencia de bandas criminales y la circulación de actores armados ilegales. En este entorno, trabajadores como Juan Estrada se ven expuestos a una violencia cotidiana, agravada por la ausencia de políticas públicas sólidas y sostenibles que garanticen la seguridad y el bienestar del campesinado colombiano.

La intervención inmediata de organismos como la Sijín y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el levantamiento de los restos de Estrada evidencia que existen protocolos para la atención de estos crímenes. Sin embargo, de acuerdo con reportes del Ministerio de Defensa de Colombia y el Observatorio de Seguridad Rural de la Universidad Nacional, la falta de recursos y la complejidad de acceder a zonas dominadas por grupos armados genera altos niveles de impunidad. Muchas veces, estos delitos quedan sin esclarecimiento, perpetuando un círculo vicioso de miedo y desconfianza en las comunidades rurales.

Más allá del dolor y el impacto inmediato sobre la familia de la víctima, el asesinato de quienes cumplen funciones esenciales en la economía agrícola profundiza la brecha social y evidencia el abandono institucional. Según la Agencia de Desarrollo Rural, existen iniciativas piloto enfocadas en la integración de tecnología y formación comunitaria para reducir estos hechos, aunque su cobertura aún resulta insuficiente frente a la magnitud del desafío.

Este episodio muestra, además, la urgencia de políticas nacionales integrales que dignifiquen el trabajo rural y establezcan mecanismos de protección efectivos. La problemática rebasa la esfera criminal, insertándose en una discusión mayor sobre justicia social, acceso a servicios y reconocimiento del valor humano de quienes sostienen la productividad agrícola en medio de la adversidad. La sociedad colombiana enfrenta la responsabilidad de exigir soluciones que transformen ese círculo vicioso de violencia y abandono en un escenario de dignidad y oportunidad para el campo.

¿Cuáles son las causas estructurales de la inseguridad en el campo colombiano?
La inseguridad que afecta a los trabajadores rurales en Colombia tiene raíces profundas, relacionadas con factores históricos y estructurales como la concentración de la tierra, la presencia de grupos armados ilegales y la debilidad institucional en muchas regiones apartadas. La competencia por el control territorial y la falta de políticas públicas eficientes en materia de seguridad agravan la situación, generando escenarios donde la violencia es el mecanismo predominante de resolución de conflictos. Para comprender este fenómeno, es fundamental analizar no solo los hechos inmediatos, sino también los procesos sociales y económicos que han dado forma al campo colombiano.

En este contexto, la vulnerabilidad de los cuidadores de fincas como Juan Estrada refleja las consecuencias de décadas de abandono por parte del Estado y la carencia de inversión en infraestructura y seguridad rural. La complejidad del problema exige respuestas estructurales y coordinadas, donde las intervenciones no sean solo reactivas sino que incluyan medidas preventivas y sostenibles a largo plazo.

¿Qué funciones cumple la Sijín y el CTI en investigaciones como la del asesinato de Juan Estrada?
Ante episodios de violencia como el ocurrido en Bodeguita, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía desempeñan un papel fundamental en la recolección de pruebas, el desarrollo de acciones técnicas y el traslado de los cuerpos a entidades como el Instituto de Medicina Legal. Su labor es crucial para esclarecer los hechos y orientar las investigaciones hacia la identificación y judicialización de los responsables.

No obstante, informes de la Universidad Nacional y el Ministerio de Defensa han reconocido las dificultades logísticas y técnicas que enfrentan estos organismos en regiones apartadas o bajo presión de grupos armados. Estas limitaciones muchas veces desembocan en altos índices de impunidad, limitando el acceso de las víctimas y sus familias a la justicia y obstaculizando la construcción de paz y confianza en el campo colombiano.