Aunque este es uno de los mecanismos más efectivos para resolver disputas legales complejas y millonarias, expertos advierten sobre fallas recientes y una preocupante caída en su uso, especialmente en casos estatales.
Colombia cuenta con uno de los sistemas de arbitraje más consolidados de
América Latina. El de la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, goza de reconocimiento regional. De hecho, el país tiene una de las leyes de arbitraje más modernas y completas del continente. Sin embargo, abogados especializados consultados por Pulzo advierten que, aunque el sistema sigue siendo funcional, hay señales que prenden alertas importantes.
¿Qué es el arbitraje en Colombia?
El arbitraje es una herramienta legal que permite a las partes en una disputa,
normalmente compañías o entidades públicas, resolver sus conflictos por fuera de la justicia ordinaria. En lugar de acudir a un juzgado, se someten a la decisión de uno o varios árbitros expertos en el tema. Esa decisión, llamada laudo arbitral, es definitiva y tiene el mismo valor legal que una sentencia judicial.
¿Cuánto se demora un arbitraje en Colombia?
Sus ventajas son evidentes: una duración promedio de uno a un año y medio,
frente a los cuatro o cinco años que puede tardar un proceso en la rama judicial; paneles conformados por especialistas en el asunto en disputa, y una mayor dedicación al caso, gracias a que los árbitros no tienen los niveles de congestión que enfrentan los jueces. Sin embargo, este panorama positivo ha empezado a deteriorarse.
Arbitraje en Colombia: un descenso preocupante
De acuerdo con abogados expertos, el uso del arbitraje en Colombia ha disminuido aproximadamente un 35%, y ese descenso es especialmente notorio en disputas que involucran al Estado. La tendencia contrasta con lo que está ocurriendo en otros países de la región, como Perú y México, donde el arbitraje ha crecido entre un 30% y un 40%.
Uno de los ejemplos más relevantes es Ecopetrol. La empresa ha optado por no incluir cláusulas arbitrales en sus nuevos contratos, lo que significa que conflictos de gran magnitud están quedando por fuera de esta vía alternativa, lo que recarga aún más al sistema judicial y debilita la confianza en el arbitraje.
Otro punto que preocupa a los especialistas es la calidad técnica de algunos laudos. Se han registrado errores por parte de algunos árbitros que, según los consultados, no tienen el nivel de formación o experiencia que se requiere.
Entre los problemas más repetidos están interpretaciones forzadas para justificar la competencia del tribunal, la negativa a estudiar nulidades contractuales, el desconocimiento de tratados internacionales, errores de cálculo en las condenas e incluso la omisión de pretensiones formuladas por las partes.
Uno de los aspectos más delicados es la existencia de tribunales paralelos para resolver una misma disputa. En conflictos con elementos internacionales, inversionistas extranjeros han iniciado procesos arbitrales internacionales amparados por tratados y normas específicas, mientras que la contraparte colombiana ha promovido procesos ante tribunales domésticos. Estos últimos, en lugar de suspender el trámite, han continuado adelante y emitido decisiones contradictorias, lo que compromete la seguridad jurídica y la imagen internacional del país.
Casos como el de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que enfrenta un proceso internacional en el que podría tener que pagar más de 300 millones de dólares, muestran cómo estos escenarios son provocantes de inseguridad jurídica cuando hay tribunales actuando en paralelo. Algo similar ocurre con Canacol, compañía que ya obtuvo un laudo internacional favorable, pero cuya decisión fue desconocida por un tribunal doméstico que avanza con un proceso paralelo lo cual es un antecedente grave para la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros en Colombia.
Para que el arbitraje en Colombia mantenga su reputación y funcionalidad, los especialistas insisten en que es urgente fortalecer los filtros de selección de árbitros, garantizar una formación continua rigurosa y respetar las decisiones internacionales cuando corresponda. De lo contrario, el país corre el riesgo de que este mecanismo, que nació como una respuesta eficiente a la congestión judicial, pierda su utilidad frente a los ojos de las empresas y del propio Estado.
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