La noticia de que Mockus no podrá volver al Congreso cuando se reanuden las sesiones legislativas, el próximo 16 de marzo, generó diferentes reacciones políticas, y por eso Blu Radio consultó al presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén.

Fue en medio de esa entrevista en donde Namén, elegido precisamente este martes como jefe del tribunal supremo, anunció que a Mockus todavía le queda una carta en juego para conservar su curul: el recurso extraordinario de revisión.

“La decisión se tomó bajo dos argumentos que no impedían el estudio de fondo de los sustentos que presentaba la tutela. Básicamente se refería a una improcedencia por existir otro mecanismo judicial, por la vía ordinaria, que es el recurso extraordinario de revisión”, confirmó el magistrado en la frecuencia radial.

Namén explicó en la emisora que este debe ser el camino al que acuda el excongresista, y aseguró que dicho recurso lo asumiría la sala plena de ese alto tribunal.

Por ahora, Mockus no se ha pronunciado al respecto, aunque dijo que confía en la justicia y que se encuentra “a la espera de conocer el contenido de la decisión del Consejo de Estado”.

“En su momento me pronunciaré. Agradezco a la ciudadanía por el apoyo de siempre”, expresó el líder político en sus redes sociales.

Sobre este tema, el senador y vocero de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, se mostró positivo en que la curul de su colega “goza de toda legitimidad y legalidad”, y por eso anunció, en entrevista con Radio Nacional de Colombia, que su colectividad dará la pelea para que vuelva al Congreso.

Y es que según el argumento que expuso el Consejo de Estado al anunciar su decisión, por medio de un comunicado, a Mockus se le anuló su elección “luego de que un fallo de la Sección Quinta de la máxima instancia contenciosa considerara que había incurrido en una inhabilidad, al figurar como el representante legal de una firma que había celebrado un contrato estatal seis meses antes de su elección como congresista”.

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La controversia con el caso Mockus tiene que ver con la fundación Corpovisionarios, de la cual es el representante legal, que suscribió contratos en noviembre de 2017 con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), menos de seis meses antes de que se adelantaran las elecciones legislativas de marzo, en las que obtuvo su curul.

Fue en este punto en donde se centró el debate, ya que la ley estipula que ninguna persona que aspire a un cargo de elección popular puede celebrar contratos o hacer negocios con entidades públicas seis meses antes a las votaciones.

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