Esa instancia aún no decide si corresponde a la Justicia Penal Militar o a la justicia ordinaria la investigación sobre la muerte de Jesús Mosquera y Sebastián Gamboa, integrantes de la especialidad de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas de los Comandos Especiales Aéreos del Comando Aéreo de Combate No. 5 de Rionegro, Antioquia.

Los dos uniformados fallecieron el 11 de agosto del año pasado, en una exhibición militar para el cierre de la Feria de las Flores con el Desfile de Silleteros en Medellín, cuando cayeron de la cuerda que los ataba a un helicóptero militar.

“Al día de hoy hay unas claras intenciones de la Fuerza Aérea de tratar de hacer que esto se prolongue en el tiempo para que se olvide”, lamentó en Caracol Radio Jesús Mosquera. “Primero se inició la investigación en la justicia ordinaria y después ellos montaron otra investigación para enredar la pita. Montaron una indagación preliminar en el Juzgado 122 de Instrucción Penal Militar con el propósito de rivalizar con lo que venía haciendo la Fiscalía”.

Unas horas después de que los uniformados cayeran, el general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se comprometió a dar resultados de la investigación una semana después del accidente.

La investigación, que esperamos sea finalizada antes del viernes [16 de agosto de 2019] de esta semana, nos arrojará la respuesta. Y seré yo, precisamente el comandante de la Fuerza Aérea, quien les informará a todos los colombianos, a todas las autoridades, y a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Aérea, así como a sus familiares, cuál fue la causa del accidente y cuáles son las medidas que adoptará la institución en adelante”, dijo el oficial en ese momento.

Pero el proceso sigue durmiendo en el Consejo Superior de la Judicatura, situación que le da la razón a este padre, que, ante el incumplimiento de lo ofrecido por el general Rueda, sostiene: “Lo más grave es que al interior de las Fuerzas Militares no se ve ninguna intención de tratar de esclarecer este asunto, puesto que el 12 y el 26 de agosto del año pasado, el comandante de la FAC certificó públicamente delante de todos los medios de comunicación que la cuerda había sido cortada entre el helicóptero y los comandos”.

“Es una prueba que tiene que figurar en los expedientes”, recalcó en la emisora Jesús Mosquera. “Yo he hecho una serie de derechos de petición y la respuesta que me han dado es que se trata de una reserva del Estado, que se trata de una reserva sumarial”.

“En este proceso lo que yo observo de la Fuerza Aérea es que quieren privarnos a nosotros las víctimas del derecho de conocer las condiciones de tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron los hechos, para que nosotros podamos tener un resarcimiento, y podamos acceder a la justicia”, agregó Mosquera, y contó que “al día de hoy han abierto una indagación preliminar y una indagación disciplinaria en la base de Rionegro. Pero todo esto lo tienen en preliminar. Imagínese: ¡un año después!

Después, soltó la explosiva afirmación: “¡Están protegiendo a alguien! ¡Justamente están protegiendo a alguien! Si todos los materiales (como la soga) que se utilizaron ese día fueron aprobados, esa probación n se hace verbal; esa aprobación se hace por escrito, y la tiene que hacer un personal altamente calificado, en un documento. Entonces se está protegiendo a una o a varias personas”.