El ministro del Interior, Alfonso Prada, habló sobre los problemas de orden público que se registran en San Vicente del Caguán, Caquetá, y que dejan hasta el momento un saldo de un policía y un civil muertos, así como un grupo de 79 policías y seis trabajadores secuestrados.

(Vea también: Según alcalde local, desplante del Gobierno causó crisis en el Caquetá: “No estuvieron”)

Prada dio una rueda de prensa justo antes de salir hacia Caquetá y al ser cuestionado sobre la tipificación del delito de secuestro en este caso, fue insistente en señalar que se trató de una “retención”, aunque exigió que los uniformados sean liberados para poder dialogar.

“Les hemos planteado que un requisito insuperable para sentarnos a dialogar con un gran desbordamiento del Gobierno en relación con los temas sociales de la comunidad es naturalmente la liberación inmediata de nuestros miembros de la Policía y de seis trabajadores de la empresa Emerald Energy que se encuentran allí en retención por parte de esas organizaciones”, planteó Prada.

En esa línea, el ministro del Interior apuntó que no hay ninguna posibilidad de que el presidente Gustavo Petro o cualquier miembro de su gabinete ministerial se sienten a dialogar hasta que no deje de haber “retenciones” de miembros de la Fuerza Pública.

(Vea también: Gobierno no acepta chantaje en San Vicente del Caguán, por 80 policías secuestrados)

Lo más cercano que estuvo Prada de reconocer que quienes secuestraron a los policías y trabajadores de la firma petrolera cometieron un delito fue al advertir que con la forma en la que han actuado están “rayando” con el incumplimiento de la ley.

Lee También

Están rayando en todo el sentido de la norma, de la ley. Está completamente prohibido en Colombia tener algún tipo de limitación a la libertad y más todavía de nuestros miembros de la Fuerza Pública”, apuntó Prada, quien es el portavoz oficial del Gobierno.

Además, aunque se negó a mencionar la palabra secuestro para este caso, Prada finalmente advirtió que cualquier tipo de retención que se sostenga en el tiempo “va agravando la situación y calificando jurídicamente como un abuso constitucional y legal contra la libertad”.