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El Ministerio de Educación de Colombia ha emitido una advertencia trascendental a través de un comunicado oficial, alertando sobre la inminente posibilidad de que aproximadamente 860.000 niñas, niños y jóvenes inscritos en el sistema educativo público inicien el año escolar sin acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esta preocupación surge tras identificar retrasos significativos en el alistamiento operativo por parte de al menos 17 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), las cuales no han completado los procedimientos necesarios para asegurar la puesta en marcha del programa desde el primer día de clases, según información publicada por El Espectador.
La cartera ministerial remarcó que esta situación afecta de manera particular a poblaciones vulnerables. En concreto, se estima una posible afectación directa para cerca de 199.880 estudiantes de pueblos indígenas, así como para menores pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El impacto potencial va más allá de un inconveniente logístico, ya que el Programa de Alimentación Escolar se considera un factor clave para garantizar la permanencia y la asistencia efectiva de la población estudiantil en riesgo de exclusión, según lo subrayado por la Unidad de Alimentación Escolar, organismo responsable de la gestión y supervisión del PAE.
De acuerdo con dicha unidad, postergar la entrega de los servicios de alimentación podría traducirse en un aumento de la inasistencia e incluso la deserción escolar, dado que para muchos estudiantes, las raciones ofrecidas en los colegios representan un apoyo esencial durante la jornada académica. Por esta razón, tanto la Unidad como el Gobierno nacional exhortan urgentemente a las ETC rezagadas a culminar las acciones pendientes y garantizar el acceso al PAE antes del inicio de clases.
El Ministerio enfatizó, mediante su declaración oficial, que ya se definieron y comunicaron las orientaciones, valores de referencia y condiciones indispensables para una adecuada planeación del programa. Ahora, puntualizó la cartera, corresponde a las entidades territoriales asumir la responsabilidad de implementar estas directrices y asegurar que ningún estudiante se vea privado de su derecho a la alimentación escolar.
A esta situación se suma la preocupación adicional por los hallazgos del más reciente informe del ministerio, en el cual se evidenció que 30 entidades territoriales decidieron disminuir los recursos destinados al PAE en comparación con lo asignado en 2024, mientras que otras 32 entidades no realizaron el aumento de recursos establecido por la legislación vigente. Estas decisiones, según el ministerio, pueden minar la sostenibilidad y cobertura del programa, aumentando así la vulnerabilidad de los estudiantes afectados.
¿Qué sucede si las entidades territoriales no garantizan el acceso al Programa de Alimentación Escolar?
Esta pregunta cobra relevancia porque la negativa o el retraso en la implementación del PAE puede desencadenar consecuencias negativas directas sobre la equidad educativa en el país. Cuando el acceso a la alimentación de calidad se ve comprometido, principalmente entre estudiantes de bajos recursos, se agravan los factores de riesgo asociados al ausentismo y la deserción escolar.
Frente a este panorama, la insistencia del Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentación Escolar busca prevenir una crisis mayor en el inicio de clases, recordando la importancia estratégica de este programa como un soporte integral para el bienestar y el desarrollo académico de quienes integran el sistema público de educación.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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