El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El reciente informe de inspección realizado en la Universidad de Antioquia, base de la decisión del Ministerio de Educación para retirar de su cargo al rector John Jairo Arboleda, ha profundizado una crisis institucional en la segunda universidad pública más importante de Colombia, pues, de acuerdo con El Espectador, el documento reveló presunta obstrucción y la existencia de nóminas paralelas, acusaciones de las que la universidad se desvincula. El ambiente de polarización venía arrastrándose desde la última reelección de Arboleda, cuya llegada al tercer periodo se concretó a pesar del descontento expresado por amplias fracciones de la comunidad educativa y la falta de respaldo tanto del Gobierno Nacional como la Gobernación, instituciones cuyos representantes, aun votando a favor, no ocultaban su desacuerdo.
De hecho, tras esa designación, el descontento se hizo palpable en la baja calificación de 1,7 sobre 5,0 entregada a Arboleda por el Consejo Superior Universitario (CSU), evidenciando una pérdida creciente de legitimidad y gobernanza interna, como subraya Pablo Patiño, decano e investigador de la institución. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, públicamente crítico de la administración saliente, denunció la remoción como una amenaza a la autonomía universitaria, aunque voces como la de la profesora María Isabel Duque Roldán consideran que las tensiones nacen más por un conflicto de poderes que por una defensa real del rector.
Las pugnas políticas se han trasladado al interior del máximo órgano de gobierno universitario, generando sesiones tensas y constantes desacuerdos entre los representantes departamentales y nacionales. La autonomía universitaria, principio fundamental de la educación superior pública, ha quedado en el centro del debate: mientras algunos, como Duque, insisten en separar la defensa institucional del respaldo a una administración, otras voces dentro de la propia universidad reconocen la necesidad de revisar la interpretación de esta autonomía y su vínculo con la responsabilidad social y la rendición de cuentas.
Ante la salida de Arboleda, surgen distintos escenarios de gobernabilidad. Uno de ellos implicaría la aplicación del artículo 46 del Estatuto General, que faculta al presidente del CSU, en este caso el gobernador Rendón, para nombrar un rector encargado si la ausencia del rector titular es definitiva. Otro escenario contempla la asunción de Héctor Iván García García, designado por el Ministerio de Educación como rector encargado, quien tras años en la universidad y experiencia en cargos académicos y administrativos, enfrenta el reto de estabilizar una institución en crisis más que imponer un proyecto propio.
El entorno financiero añade gravedad. Según el informe de la inspectora Angielly Paola Martínez Ruiz, el déficit presupuestal sería mucho mayor al estimado por la administración, además de advertir que los recortes propuestos incidirían sobre funciones esenciales de la universidad, poniendo en riesgo la estabilidad de la planta docente y programas estratégicos. También señala como problemática la dependencia de fuentes de financiación inciertas y el aumento de la deuda para cubrir faltantes, trasladando la carga financiera a años futuros y agravando el ciclo de iliquidez.
La universidad, en respuesta, defendió el carácter técnico y participativo de la estructuración presupuestal y rechazó la idea de improvisación. Sin embargo, este debate financiero aún no contempla los recursos adicionales prometidos por el Gobierno Nacional tras la salida de Arboleda. Mientras tanto, sectores de la comunidad universitaria, representados por Duque, esperan que, si asumiera García, impulse reformas estatutarias que permitan una elección más participativa de autoridades y eviten la figura de reelección.
El tercer escenario, de persistencia en el bloqueo institucional, se materializaría si Arboleda no renuncia formalmente, prolongando la parálisis administrativa y la incertidumbre sobre el liderazgo mientras se resuelven las disputas jurídicas. Todo esto ocurre en la antesala de las elecciones presidenciales y legislativas, lo que aumenta la presión sobre la universidad.
¿En qué consiste la autonomía universitaria?
La cuestión de la autonomía universitaria se ha convertido en el eje de la discusión sobre la gobernanza en la Universidad de Antioquia, como se evidencia en las declaraciones recogidas por El Espectador. La autonomía designa el derecho de las universidades públicas a gobernarse independientemente, tomar decisiones académicas, administrativas y financieras sin interferencias externas indebidas y establecer sus propios órganos y normas internas.
Este principio, sin embargo, ha sido interpretado de manera diversa. Algunas posturas sostienen que la autonomía debería considerarse inflexible, excluyendo cualquier obligación de rendición de cuentas, mientras que otras –como la de varios actores consultados en el artículo– advierten que esa independencia debe estar acompañada de responsabilidad, transparencia y apertura a la supervisión pública. El futuro de la Universidad de Antioquia parece depender, en buena parte, de cómo se resuelva ese delicado equilibrio entre autonomía y responsabilidad institucional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
