Tanto Reyes como Diego Fernando Serrano, presidente del Concejo de ese municipio del sur de Santander, deberán rendir una audiencia pública ante la Procuraduría General de la Nación por los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, informó La FM. 

Casi 7 meses después de ocurridos los hechos, la Procuraduría Provincial de San Gil, Santander, determinó que los dos funcionarios habrían violado el decreto de emergencia sanitaria que se había oficializado una semana antes de la guachafita que armaron, añadió esa emisora.

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Ambos podrán solicitar o aportar las pruebas pertinentes para presentar su defensa en el caso que podría acabar con la destitución de los dos, añadió esa frecuencia radial. 

De hecho, los sucesos fueron conocidos gracias a la viralización de algunas imágenes que mostraban a los funcionarios acompañados de varias bebidas alcohólicas y violando las normas de aislamiento que estaban vigentes en ese entonces, apuntó W Radio. 

Asimismo, la Procuraduría, citada por ese medio, determinó que los hechos fueron calificados como “graves a título de culpa gravísima” por violación de normas decretadas por el presidente de la República.

Esta es la ubicación de Guadalupe, Santander:

Cuando se advirtieron los hechos que hoy tienen bajo la lupa a los funcionarios, también se dieron a conocer otras fiestas ilegales en distintos municipios de Santander. 

Una de ellas se llevó a cabo en el municipio de Chima, Santander, donde Sergio González, alcalde de ese pueblo, habría estado en compañía de la junta directiva del hospital de la región en una fiesta de la que también se viralizaron algunas imágenes en su momento. 

Casi siete meses después de la llegada de la pandemia de COVID-19 a Colombia, Santander suma más de 33.000 casos confirmados y más de 1.400 personas fallecidas.

Este es el informe del caso, publicado por La FM: