El anuncio de la recompensa de 50 millones de pesos lo hizo este lunes Abelardo De la Espriella a través de sus redes sociales, y dijo que “como padre de familia y ser humano” se siente “indignado, asqueado, compungido y ofendido por los vejámenes” a los que fue sometida la menor, que estaba bajo el cuidado de una mujer en una improvisada guardería del barrio Santa Fe.

“Sociedad enferma la que asesina a sus niñ@s guarda silencio y se conforma con lamentos inanes y recompensas miserables. Hay que cazar a los malditos que matan y violan a menores indefensos, para hacerles pagar de manera ejemplar y contundente”, cuestionó el abogado.

Si bien De la Espriella dice que promete este dinero ya que “no hay derecho a que se estén ofreciendo tan solo 5 millones de pesos”, Pulzo estableció que las autoridades en Bogotá ni siquiera han anunciado una recompensa en este caso.

Pero el ofrecimiento que hace De la Espriella, que según La FM ya va en 80 millones de pesos (este martes), abrió un debate en redes sociales ya que hay quienes no comparten su gesto por considerar que es un acto meramente “populista”.

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Otros, más escépticos, le recuerdan en los comentarios su gusto y olfato por los casos mediáticos (este, precisamente es uno de esos casos) para figurar ante la opinión pública. No en vano él se autodenomina como ‘el abogado de los famosos‘.

Como el abogado pone a disposición un número de celular privado para que lo contacten, la pregunta que varios seguidores se hacen es si en caso de que un ciudadano le entregue datos puntuales de los abusadores, “¿quién y cómo se va a manejar esa información?”.

Populista” o “solidario”, como quiera que lo tilden, De la Espriella también encontró con este anuncio miles de personas que lo respaldan, y así se demuestra con los más de 7.000 me gusta que tiene el video en Twitter, y unos 3.100, en Facebook.

Uno de estos respaldos es el de Yohana Jiménez, hija de la excongresista Gilma Jiménez, que le escribió un mensaje al abogado en el que destaca su “preocupación por los niñ@s”, y de paso cuestiona el papel que ejerce el gobierno en cuanto a políticas de protección a la niñez.