“Las graves violaciones a la educación pueden tener un efecto devastador en el futuro de los menores de edad. Es necesario que el Gobierno de Colombia garantice la educación y brinde esperanza a niños, niñas y jóvenes en todos los rincones del país”, dijo la especialista de educación del NRC, Nathalie Duveiller.
La ONG señaló en un comunicado que los principales peligros a los que se exponen los menores para llegar a clase son las minas antipersona, municiones sin explosionar y trampas explosivas, las cuales afectaron a 2.515 jóvenes de Arauca, Cauca, Chocó, Meta y Norte de Santander en los primeros ocho meses del año.
Otros factores son la ocupación de escuelas por parte de grupos armados o la posibilidad de que los estudiantes queden en medio de combates. Esto último ocurrió 16 veces el año pasado, según la ONG, lo que afectó a 2.193 estudiantes de los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Meta y Norte de Santander.
En ese sentido, el Consejo resaltó que el 91 % de estos problemas ocurren en el camino a los colegios, por lo que tres de cada diez instituciones cancelaron temporalmente las clases. Particularmente mencionan el caso de Bojayá, Chocó, donde casi un millar de estudiantes sufrieron las consecuencias del conflicto.
Duveiller recalcó que “la reactivación del conflicto” requiere del Gobierno colombiano la adopción de nuevas medidas que garanticen a los menores el acceso al derecho a la educación, pues “cuando las escuelas son atacadas y los caminos son minados, el sentido de seguridad se desvanece en los territorios”.
A pesar de que el Consejo valoró los avances en la mejora de la educación en los territorios afectados por el conflicto, considera que “no es suficiente”, principalmente en zonas donde hay un alto abandono de escuelas como Arauca, Norte de Santander y Chocó.
En este sentido, la ONG alentó al Gobierno a adherirse a la Declaración de Escuelas Seguras y garantizar que la educación sea protegida e implementar medidas estrictas contra aquellos que violen sus principios. Asimismo, propuso eliminar los riesgos sociales para las comunidades y expandir los servicios educativos en áreas afectadas por el conflicto.
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