Y es que en un principio el caso había sido calificado como “abuso sexual con acceso carnal agravado” por la participación de seis personas, pero Rivarola cambió la figura que tendría penas inferiores a 3 años, es decir con cárcel en suspenso.

Además sobreseyó a tres que eran menores de edad en el momento del hecho, lo que terminó por llevar a las calles a decenas de personas a protestar por sus decisiones.

La víctima tenía 16 años en 2012 cuando fue violada por el grupo en Playa Unión, a unos 60 km de Puerto Madryn, la ciudad portuaria y turística donde residen los acusados. Recién el año pasado, animada por el auge de la lucha feminista en Argentina, la joven se animó a hacer público lo ocurrido y se abrió un expediente judicial.

“La drogaron, la violaron entre cinco y uno cuidaba la puerta. Después empezó a recibir amenazas y se tuvo que ir de la ciudad”, contó a la AFP Silvina Ibarra, una activista feminista de 37 años, organizadora de la marcha. “Son tipos que pertenecen a familias muy poderosas, de la élite de poder de Madryn. Acá nos conocemos todos”, agregó Ibarra.

La marcha en reclamo de “justicia, cárcel a los seis y la destitución del fiscal”, pasó por los tribunales y luego recorrió los locales comerciales de propiedad de las familias de los acusados en barrios acomodados.

El repudio a la figura de “desahogo sexual” se hizo viral en las redes sociales y varios funcionarios del gobierno expresaron su rechazo. “No toleramos más que se dé la espalda a las víctimas”, reaccionó el ministro del Interior, Wado de Pedro, al pedir que se investigue la actuación del fiscal.

Según la Fiscalía, la medida fue acordada con la joven atacada y su familia. “Yo no creo eso. Ella quiere que todos paguen y que vayan a la cárcel”, aseguró Ibarra.

El juez Marcelo Di Biase aún debe resolver si acepta o no la solicitud de un juicio abreviado.