La decisión afecta, entre otros, al comandante de policía Remigio Ceballos; al gobernador del estado de Zulia, Ómar José Prieto; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo, y dos diputados de la Asamblea Nacional.

“Las personas añadidas a la lista son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”, apuntaron los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) en una nota.

Con esto, asciende a 55 el número de venezolanos que son objeto de sanciones de la UE.

La decisión destaca que el 25 de enero los ministros ya habían mencionado que la UE estaba dispuesta a adoptar nuevas “medidas restrictivas” contra responsables por “violaciones graves a los derechos humanos”.

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Por ello, “a la vista de la grave situación que persiste en Venezuela“, concluyeron que “debe incluirse a diecinueve personas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas“.

La UE desconoce el resultado de las elecciones legislativas efectuadas en Venezuela en diciembre pasado, y que abrieron la vía para que el partido en el poder recupere la mayoría en la Asamblea Nacional.

Al desconocer el resultado de las elecciones, la UE tampoco reconoce la legitimidad de esa Asamblea.

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La UE había llegado a enviar el año pasado emisarios a Caracas para convencer a todas las partes a postergar las elecciones, de forma de crear condiciones para que el bloque pueda desplegar una misión de observación electoral.

Los esfuerzos no prosperaron y las elecciones se realizaron, a pesar de las advertencias, con el boicot del líder opositor Juan Guaidó y sus partidarios.

En enero, los ministros europeos habían emitido unas “Conclusiones” de cuatro páginas sobre la situación en Venezuela, en las que expusieron las posiciones consensuadas entre los países del bloque.