El presidente Yoweri Museveni firma una de las leyes más duras contra la comunidad LGBTQ+ del mundo, pese a las críticas y las presiones internacionales.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha firmado una ley que endurece las penas contra las personas homosexuales y define algunos actos homosexuales como delitos castigados con la cadena perpetua o la pena de muerte. La ley, que ha sido calificada de \”impactante y discriminatoria\” por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, entró en vigor este lunes tras ser anunciada por la presidenta del Parlamento ugandés, Anita Among.

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“Como Parlamento de Uganda, hemos respondido al clamor de nuestro pueblo. Hemos legislado para proteger la santidad de la familia según el Artículo 31 de la Constitución de Uganda. Nos hemos mantenido firmes para defender nuestra cultura y las aspiraciones de nuestro pueblo”, dijo Among en su cuenta de Twitter.

La ley impone la pena de muerte o la cadena perpetua por lo que denomina “homosexualidad agravada”, que incluye tener relaciones homosexuales siendo seropositivo, y una pena de 20 años de prisión por “promover” la homosexualidad. También prevé una condena de 14 años por “intentar practicar” la homosexualidad agravada.

La ley ha provocado una ola de indignación y rechazo tanto dentro como fuera de Uganda, donde activistas, organizaciones y gobiernos han denunciado que se trata de una violación flagrante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas LGBTQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers).

“Estamos horrorizados de que la draconiana y discriminatoria ley anti-homosexualidad sea ahora ley. Es una receta para violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBTQ+ y de la población en general. Entra en conflicto con la Constitución y los tratados internacionales y requiere una revisión judicial urgente”, dijo un comunicado de la ONU.

En un comunicado conjunto, los responsables del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, ONUSIDA y el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) expresaron su “profunda preocupación” y dijeron que el progreso en la lucha contra el sida y el VIH estaba “en grave peligro”.

“El estigma y la discriminación asociados a la aprobación de la ley ya han provocado una reducción del acceso a los servicios de prevención y tratamiento”, advirtieron.

La ley también podría tener consecuencias negativas para la economía y la seguridad de Uganda, un país pobre y dependiente de la ayuda internacional. Varios países occidentales, como Estados Unidos, Reino Unido o Suecia, han amenazado con revisar o suspender su cooperación con Uganda si se aplicaba esta ley.

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Asimismo, una coalición de empresas internacionales, entre ellas Google, Coca-Cola o Microsoft, han criticado la legislación y han advertido que pondría en una situación imposible a las que tienen operaciones en Uganda y dañaría la economía del país.

La ley también podría afectar a las relaciones entre Uganda y sus vecinos africanos, algunos de los cuales tienen leyes más tolerantes o progresistas respecto a las personas LGBTQ+. Por ejemplo, Sudáfrica reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo desde 2006 y Botsuana despenalizó la homosexualidad en 2019.

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