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En medio de un fuerte choque de poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó al Congreso desaforar a Chaves por aprovechar su cargo “ilegítimamente” para “favorecer un programa político”.
La Constitución y el Código Electoral costarricense prohíben al presidente participar en actividades electorales y usar su cargo en beneficio de un partido.
Tras analizar varias denuncias, una comisión de diputados recomendó, con dos votos a favor de la oposición y uno en contra del oficialismo, que la Asamblea Legislativa vote para levantar la inmunidad del gobernante y que pueda ser investigado por los cargos que le atribuye el tribunal electoral.
Chaves, que no puede aspirar a la reelección, “está queriendo inducir el voto” utilizando “el privilegio que tiene” por su posición, señaló la presidenta de la comisión legislativa, Alejandra Larios.
Para que el mandatario sea despojado de su inmunidad se requiere una mayoría calificada del Congreso (38 de 57 diputados).
El proceso podría culminar con su destitución y la inhabilitación para cargos públicos por entre dos y cuatro años, algo inédito en una de las democracias más estables y elogiadas del continente.
La petición se produce también en medio de una aparente presión de algunos sectores políticos de Estados Unidos. El congresista republicano Mario Díaz-Balart criticó el proceso contra Chaves.
“Remover a un presidente a pocos meses de las elecciones” pone “en riesgo la legitimidad democrática” y envía “una señal alarmante”, señaló Díaz-Balart, aliado del mandatario Donald Trump.
Chaves, de 64 años, acusa a sus opositores de montar “un circo” y “un linchamiento político descarado” con el proceso en su contra. En septiembre, el Congreso rechazó quitar la inmunidad a Chaves por un caso de corrupción.
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