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Este artículo fue curado por pulzo   Ene 13, 2026 - 7:05 pm
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“Son basura”, “su país no vale por alguna razón”, “su país apesta y no los queremos en nuestro país”, “vienen del infierno y no aportan nada”. Las palabras de Donald Trump sobre los somalíes en Estados Unidos no cayeron en el vacío.

Este 13 de enero su administración tomó una nueva medida contra esta comunidad: la eliminación del estatus de protección temporal (TPS) que los amparaba desde 1990, que obligará a los beneficiarios de este amparo contra la deportación a abandonar el país a más tardar el 17 de marzo.

“Temporal significa temporal”, recalcó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para justificar la decisión, que atribuyó a que las “condiciones en Somalia han mejorado hasta el punto de que ya no cumplen con el requisito legal”.

La funcionaria también explicó que “permitir que nacionales somalíes permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario a nuestros intereses nacionales” y agregó que “estamos poniendo a los estadounidenses en primer lugar”.

Pero el presidente fue aún más allá, y reiteró su amenaza de revocar la ciudadanía a “cualquier inmigrante naturalizado de Somalia o de cualquier otro lugar que sea condenado por defraudar a nuestros ciudadanos”.

Hacía alusión a un esquema de malversación de ayudas de los tiempos de la pandemia del Covid-19, en el que habrían participado decenas de personas de la comunidad somalí en Minnesota, que se inició con iniciativas de alimentación infantil y podría haberse replicado a otros programas como vivienda, seguros de salud y servicios para adultos mayores y personas con discapacidad.

Una chispa fue suficiente

Un youtuber de línea conservadora, Nick Shirley, avivó los cuestionamientos de Trump y del movimiento MAGA en general, cuando publicó un video que luego se viralizó de su visita a varias guarderías que según él estaban vacías a pesar de que recibían fondos federales.

Investigaciones independientes de CBS y otros medios revelaron faltas en cuanto a seguridad, limpieza y calificación del personal, pero no hallaron indicios de fraude relacionado con los hogares de cuidado diario.

Aun así, las afirmaciones de Shirley fueron combustible suficiente para que Trump suspendiera la financiación federal para los centros de atención infantil de Minnesota, y para que el gobernador demócrata Tim Walz abandonara su campaña a la reelección.

Las nuevas medidas tienen una implicación práctica limitada, porque a diferencia del TPS para los venezolanos, del que dependían cientos de miles de personas para trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos, los amparados por el estatus en la comunidad somalí son pocos.

De acuerdo con un informe presentado al Congreso y citado por AP son 705 en todo el país, mientras que la agencia AFP sitúa la cifra en unos 4000.

En Minnesota, el estado donde viven más personas de origen somalí, la mayoría de los 80.000 habitantes han transitado alguna vía hacia la ciudadanía.

En cuanto al fraude con fondos para asistencia, la propia fiscal general Pam Bondi reveló en diciembre que de las 98 personas imputadas hasta el momento, 85 son miembros de la comunidad somalí.

Aun así, las redadas para sumarlos al proyecto de Trump de llevar a cabo la mayor deportación de la historia han sumido a Minnesota en el caos, con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incluso tocando de puerta en puerta o persiguiendo a personas en la calle, siguiendo un patrón de perfilamiento racial, mientras miles de ciudadanos se mantienen en las calles protestando.

Las manifestaciones se han intensificado desde el 7 de enero, cuando un agente del ICE disparó y asesinó a Renee Goods, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres. El episodio quedó captado en varios videos que han avivado las preocupaciones sobre los métodos de los oficiales llamados a llevar a cabo las redadas migratorias de Trump.

Una vieja cuenta por saldar

No es la primera vez que Donald Trump carga contra la comunidad somalí. Durante el primer gobierno, incluyó a sus ciudadanos en el llamado veto islámico: la prohibición de entrar a Estados Unidos contra los nacionales de siete países de mayoría musulmana, con el argumento de la lucha contra el terrorismo.

Luego de una larga contienda en tribunales menores que trataron de bloquear la medida, la Corte Suprema dio la razón a Trump en 2018, por considerar que el gobierno había “dado una justificación suficiente basada en la seguridad nacional”.

En 2020, Trump ordenó el retiro de unos 700 hombres que ayudaban a combatir a las milicias de Al Shabab, contraviniendo la opinión de su exministro de Defensa Mark Esper, al que acababa de destituir y quien le había advertido sobre la importancia de mantener la presencia en Somalia.

La nueva ofensiva durante su segundo mandato no ha requerido mayores esfuerzos retóricos o justificaciones para sostenerse. Calificarlos de “basura” e incluirlos en generalizaciones a partir del fraude de 2022 ha sido más que suficiente.

En medio de esta nueva oleada anti-somalí, Trump ordenó el pasado 8 de enero suspender la asistencia que su país ofrecía a Mogadiscio a través de contribuciones al Programa Mundial de Alimentos (PMA), en medio de denuncias de un supuesto desvío de estas ayudas.

La orden se dio a raíz de la demolición de un almacén en el que estaban depositadas unas 75 toneladas de productos nutricionales aportados por Estados Unidos, y se mantuvo vigente a pesar de que un funcionario del PMA aclaró que había podido recuperar el contenido completo del galpón demolido y también pese a que la cancillería somalí desmintió el supuesto robo de la ayuda.

 

Con AP, AFP y Reuters

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