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TotalEnergies es objeto en París de una denuncia por “complicidad de crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas” en Mozambique, en el sitio de su proyecto gasífero,en proceso de reactivación y que entonces estaba detenido, según informó el martes la AFP citando a la ONG demandante.
La asociación alemana European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) acusa al grupo francés de “haber financiado directamente y apoyado materialmente a la Joint Task Force (JTF), compuesta por fuerzas armadas mozambiqueñas, mientras esta habría detenido, torturado y asesinado a decenas de civiles” entre julio y septiembre de 2021, según su comunicado de prensa.
Estos abusos se habrían producido en la entrada del sitio del proyecto Mozambique LNG, del cual TotalEnergies es el primer accionista (26,5 %) y operador, y que estaba en pausa tras un ataque yihadista mortal en marzo-abril de 2021 contra la ciudad vecina de Palma (norte).
La denuncia, presentada también “contra X”, fue enviada el lunes a la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) de París, competente para crímenes de guerra, según el comprobante consultado por la AFP.
“Parece impensable que TotalEnergies pueda alegar ignorancia de los crímenes del ejército mozambiqueño, y más específicamente de las acusaciones de violaciones de derechos humanos que pesan sobre la Joint Task Force, dado que la empresa las menciona en varios documentos internos enviados a sus financiadores públicos”, afirma a la AFP Clara Gonzales, directora del programa Empresas y Derechos Humanos del ECCHR.
La denuncia, que solicita la apertura de una investigación preliminar, sigue a las revelaciones publicadas por Politico en septiembre de 2024 y posteriormente por SourceMaterial y Le Monde, y que TotalEnergies disputa.
Ella surge en un momento en que el gigante francés de los hidrocarburos anunció el 25 de octubre estar listo para reactivar el proyecto Mozambique LNG, estimado en 20.000 millones de dólares.
Su reanudación, con vista a una producción inicial en 2029, sigue sin embargo condicionada a la aprobación por parte del gobierno de Maputo de una compensación por el sobrecosto debido al retraso, cifrado en 4.500 millones de dólares.
Tras el ataque de los yihadistas vinculados al Estado Islámico, activos en la provincia de Cabo Delgado desde 2017, el grupo francés había declarado la “fuerza mayor” y suspendido su proyecto en 2021.
El sitio quedó bajo la custodia de las fuerzas del ejército mozambiqueño, agrupadas en la JTF, creada en 2020 en virtud de un acuerdo firmado entre la filial local de TotalEnergies, Tepma 1, y el gobierno de Maputo. Este acuerdo fue rescindido en octubre de 2023.
“Nuevos” elementos
Politico informó que, durante su contraofensiva para retomar el control de Palma, soldados que trabajaban para el sitio interceptaron a habitantes y encerraron entre 180 y 250 hombres en contenedores, acusándolos de apoyar a los yihadistas.
Detenidos durante tres meses, los hombres fueron golpeados, privados de comida y torturados. Solo 26 de ellos sobrevivieron, según la investigación del periodista Alex Perry basada en testimonios.
Mozambique LNG aseguró al medio que “nunca había recibido información que indicara que tales hechos hayan ocurrido”.
Le Monde y SourceMaterial afirmaron luego, en noviembre de 2024, que TotalEnergies estaba al tanto desde abril de 2021 de acusaciones de actos violentos de la JTF contra civiles, según informes sociales redactados por los equipos de Mozambique LNG y enviados a la agencia italiana de crédito a la exportación SACE, uno de los financiadores del proyecto.
“TotalEnergies continuó apoyando directamente a la JTF proporcionando a los soldados alojamiento, comida, material y primas (…) condicionadas al respeto de los derechos humanos”, denuncia la ONG.
El ECCHR se apoya ahora en “nuevos documentos” obtenidos de las autoridades neerlandesas, que muestran intercambios entre la agencia holandesa de crédito a la exportación Atradius DSB, TotalEnergies y su prestador de seguridad, mencionando ya en mayo de 2020 riesgos de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas locales.
Tras las revelaciones de Politico, se han iniciado varias investigaciones en Mozambique, por parte de la Fiscalía General y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como por agencias de crédito a la exportación, precisa la ONG.
El grupo también está bajo investigación desde marzo por jueces de instrucción de Nanterre por acusaciones de “homicidio involuntario” y “omisión de auxilio”, formuladas por sobrevivientes o familiares de víctimas del ataque yihadista.
Con AFP
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