En concreto, el juez Roberto Gallardo dictó una resolución que busca regularizar las prestaciones de las empresas de acuerdo con el marco legal vigente e “impedir que continúen produciéndose accidentes evitables, que cobren la vida o la integridad física de los empleados repartidores”.

También “prevenir y evitar situaciones que conlleven daños a la salud de la población por la eventual manipulación indebida de alimentos” e impedir “la distorsión de los sistemas de distribución a fin de que no sean utilizados para consumar ilícitos”.

La medida destaca que las plataformas deberán demostrar que cumplen con los requisitos legales de seguridad de los repartidores que van en bicicletas o motocicletas. Para ello tendrán que entregar a la Justicia, en un plazo de dos días, una lista completa de su personal y la constancia de haberle entregado a cada uno de los que lo componen los “implementos de seguridad vial exigidos por la ley”, como casco, indumentaria para visualización nocturna y fijación de caja en rodado.

Esos requisitos, impuestos hace más de siete meses, pero que aún no se cumplen, también obliga a las compañías a entregar pruebas de que el personal de reparto posee libreta sanitaria vigente y las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros.

“Hasta tanto esas condiciones legales y judiciales sean cumplidas en su integridad, se ha decidido suspender la actividad de las empresas Rappi, Kadabra (Glovo), y Repartos Ya (Pedidos Ya)”, establece la resolución.

Si se siguen produciendo envíos, los productos serán decomisados por la policía, y las firmas serán sancionadas con el pago de 10.000 pesos por cada infracción. Por ello también se pidió que se bloquearan de inmediato las operaciones mediante tarjetas de crédito.