Según Alejandro Galvis, ‘chief of staff’ de Rappi, y Sebastián Rúales, director comercial de Rappi LatAm, los ‘rappitenderos’ no son empleados de la compañía, sino usuarios de la aplicación. Aclaran que con ellos no hay una relación laboral.
“Es importante aclarar que Rappi es una plataforma que conecta a dos tipos de usuario. Un usuario que está dispuesto a hacer un pago por conveniencia a cambio de un producto o servicio, con un usuario que se conecta a la plataforma para atender órdenes con el fin de generar un ingreso”, sostuvo Rúales, citado por el diario Portafolio.
Según él, la aplicación lo que hace es conectar a los usuarios y no puede cumplir las veces de empleador ni de generador de demanda.
“Por otro lado, no se cumplen con condiciones de ley para denominarse como nuestros trabajadores. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, no tienen subordinación. Segundo, los ingresos por un pedido son en su totalidad de los Rappitenderos, ya que la compañía no toma un porcentaje del domicilio”, aclara.
Según dice, estos domiciliarios tienen una flexibilidad para estar vinculados en diferentes plataformas y no quedarse con una sola fuente de ingreso. Además, aclara que el modelo de la aplicación no permite contratar a los ‘rappitenderos’, ni siquiera por horas.
Las declaraciones de los ejecutivos de Rappi se dan días después de que la ministra de Trabajo, Alicia Arango, asegurara que los contratos laborales de la compañía no son ilegales, pero que no los obliga a pagar seguridad social y otros beneficios para los domiciliarios.
“Son contratos independientes que hace el trabajador con la empresa o la plataforma, que no implica por parte de la plataforma la necesidad de pagar seguridad social y pensión, ese es el primer problema que hay, pero es legal lo que están haciendo”, sostuvo Arango, citada por el diario La República.
Sin embargo, los ejecutivos de Rappi aseguran que la compañía es solidaria con los domiciliarios y por eso les paga la ARL en un 100 %.
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