El TSJ, acusado por la oposición de servir a Maduro, dijo en un boletín que garantizará “todos los derechos civiles” del expresidente del Parlamento de mayoría opositora.

El pasado 4 de agosto, durante un desfile militar en Caracas, dos drones cargados con explosivos detonaron cerca de la tribuna en la que Maduro daba un discurso.

Exiliado en Colombia desde el fracaso de una negociación entre el gobierno y la oposición a principios de año, Borges califica el suceso como “una farsa” para “perseguir” a adversarios del gobernante socialista. El asambleísta dijo, en una reciente entrevista con la AFP, “sentirse seguro” en Bogotá.

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Hasta el momento, 14 personas han sido detenidas, incluido el diputado opositor Juan Requesens, de un total de 34 supuestos implicados, según la Fiscalía.

El TSJ también declaró “procedentes” este jueves las solicitudes de extradición contra otros seis de los acusados, dos desde Colombia, tres desde Estados Unidos y uno desde Perú.

Con el aval de la corte, según la ley, la Cancillería tiene paso libre para tramitar las peticiones.

Sin embargo, el canciller Jorge Arreaza ya había entregado el miércoles a la embajada de Perú en Caracas los nombres de personas que habrían huido a ese país.

La semana pasada, Arreaza había hecho lo propio con representantes de la embajada de Colombia en la capital venezolana.

Maduro acusó al expresidente colombiano Juan Manuel Santos de organizar el ataque y hace unos días aseguró que su gobierno había empezado a ejercer las “acciones diplomáticas” para la entrega a la justicia venezolana de los acusados por el presunto atentado.