La publicación aseguró que los narcotraficantes, principalmente en el departamento del Cauca, están comprando documentos y certificados que los acreditan como indígenas, para no responder ante las autoridades ordinarias.

Según Semana, los ‘abogados del cabildo’, quienes ofrecen su servicios cerca de los centros penitenciarios de Cali, Popayán y Tumaco, son los encargados de conseguir estos certificados después de que los capos son detenidos.

“La situación es realmente absurda porque se ven casos de capturados que claramente no son indígenas y los hacen pasar por tales. Es tan ridículo como si un tipo de 2 metros, ojos azules y pelo rubio aparece como nativo caucano”, manifestó en este mismo medio un oficial de la Dijín.

La revista, igualmente, señaló que los delincuentes pagan entre 30 y 50 millones de pesos por los documentos. Además, afirmó que la mayoría de estos salen de prisión debido a esta maniobra, que cada vez es más frecuente.

A pesar de que deberían responder por sus crímenes ante la justicia indígena, los narcotraficantes nunca terminan encarcelados, sino que se alojan temporalmente en algunas casas de los resguardos, equipadas con todas las comodidades, enfatizó el semanario.

La Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la publicación, tiene en la actualidad varios procesos abiertos en contra de estos delincuentes, denominados “colados de la jurisdicción ancestral”.

El ente de control, incluso, señaló en este mismo medio que hay “algunos gobernadores indígenas que se han prestado para condenar falsamente a capos”, lo que deja a la justicia ordinaria sin acción posible.

Semana, por último, recordó que en 2018 hubo un fuerte altercado entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, “cuando el magistrado Eyder Patiño rechazó el pedido de extradición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de un hombre capturado dos años antes, por enviar droga al país norteamericano”.