El estado de Florida presentó hace un par de semanas una demanda para revocar la licencia de bebidas alcohólicas, en una fiesta que ‘drag’ que se llevó a cabo en un hotel de la cadena Hyatt, en Miami.
(Vea también: Por qué Hungría y Turquía prohíben contenidos LGBTIQ+: tienen leyes muy estricta)
La que muchos expertos han llamado la “guerra cultural” de Florida, impuesta por el gobernador Ron DeSantis, pretende regular espectáculos LGBTIQ+ y sancionar a propietarios de establecimientos y productores de eventos.
Qué es la “guerra cultural” de Ron DeSantis en Florida contra comunidad LGBTIQ+
Varias entidades encargadas de proteger los derechos de esa comunidad rechazan la firma por parte del gobernador de la llamada ley de ‘Derechos de los padres en la educación’, que muchos apodaron la ley ‘No digas gay’. Esa prohíbe la instrucción o discusión de temas LGBTIQ+ o de identidad hasta el cuarto grado en los colegios estatales, aunque se prevé que se pueda ampliar a todos los años.
Las intenciones de DeSantis, según sus críticos, serían acabar con la actividades que podrían tener actos íntimos y/o provocativos delante de niños, acusación que fue rechazada por líderes de la comunidad homosexual.
La nueva propuesta del gobernador iría encaminada a que la legislatura estatal debate apruebe un proyecto de ley que castigaría con multas y penas de cárcel a locales que presenten espectáculos con artistas ‘drag’.
En ese sentido, Pioneer Winter, coreógrafa y bailarina de Miami de 35 años y que trabajara para la Universidad Internacional de Florida (FIU), manifestó su preocupación por la iniciativa de DeSantis:
“Estos espectáculos deberían estar protegidos por la Primera Enmienda. Es una forma de autoexpresión y entretenimiento”, afirmó Winter a Univisión.
En Tallahassee también se endurecen las normativas en contra de la comunidad LGBTIQ+. Los miembros del Comité Judicial del Senado de Florida escucharon el testimonio de algunos ciudadanos que describieron a los artistas ‘drag’, como “desviados” que “confunden las mentes de los niños”.
El propietario de un negocio en esa ciudad podría enfrentarse a una pena de hasta un año de prisión y una multa cercana a los 10000 dólares si admite a a un niño o joven en un “espectáculo adulto en vivo”.
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