John Grant, un afroestadounidense de 60 años, fue condenado a muerte en 2000 por el asesinato de una empleada de prisión.
Tras haber recibido luz verde de la Corte Suprema de Estados Unidos, las autoridades penitenciarias del estado rural y conservador del sur le inyectaron tres sustancias y su muerte fue confirmada a las 4:21 de la tarde, hora local.
El protocolo había sido aplicado en 2014 y 2015, pero los aparentes sufrimientos de los condenados condujeron el estado a declarar una moratoria de las ejecuciones.
Grant “comenzó a convulsionar poco después de la inyección del primer producto”, declaró un periodista de la agencia estadounidense AP que asistió a la ejecución. Convulsionó unas 20 veces y vomitó en varias ocasiones antes de morir, agregó.
“Fui testigo de 14 ejecuciones, nunca había visto esto”, señaló el periodista.
El calvario de Grant suscitó inmediatamente fuertes críticas. “Oklahoma saboteó sus tres últimos intentos de ejecución antes de su pausa de 6 años, pero aparentemente no sacó ninguna lección de esta experiencia”, comentó a la AFP Robert Dunham, quien dirige el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC en inglés).
“Por tercer vez consecutiva no funcionó correctamente el protocolo de ejecución de Oklahoma”, insistió Dale Baich, abogado de varios condenados a muerte, incluido Grant.
“Ya no deberían haber ejecuciones en Oklahoma antes de que inicie en febrero el proceso” que tratará este punto preciso, agregó.
Una muerte muy cruel
Pero los servicios carcelarios de Oklahoma dijeron la noche del jueves que la ejecución se llevó a cabo como estaba planeada.
“La ejecución del prisionero Grant fue realizada respetando los protocolos de los servicios penitenciarios de Oklahoma y sin complicaciones”, defendió en un comunicado Justin Wolf, director de comunicación del departamento correccional del estado.
Ese despacho había afirmado hace unos días que el protocolo era “humano y eficaz” y que las ejecuciones podían reiniciar.
Pero Baich consideró que había “serias dudas” sobre el dolor causado por el coctel letal y su conformidad con la Constitución estadounidense, que prohíbe las “penas crueles e inusuales”.
El miércoles, un tribunal de apelación falló a su favor y suspendió la ejecución, pero las autoridades de Oklahoma apelaron inmediatamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos para pedirle revertir la decisión.
Sin explicar las razones, la Corte dio in extremis luz verde a la ejecución. Sus tres jueces del ala progresista dijeron no estar de acuerdo con la mayoría conservadora.
(Vea también: Arizona planea ejecutar prisioneros con gas letal usado por los nazis en Auschwitz)
El protocolo combina un sedante, el midazolam, y un anestésico que deberían impedir el dolor antes de la inyección de la dosis letal de cloruro de potasio. Fue usado en 2014 para ejecutar a Clayton Lockett, pero el condenado agonizó durante 43 minutos en aparente sufrimiento.
Tras ese y otros fallos un gran jurado abrió una investigación, y las autoridades aceptaron suspender la aplicación de la pena de muerte.
En 2020 finalizaron un nuevo protocolo y fijaron para 2021 varias ejecuciones, empezando por la de Grant.
Grant asesinó en 1998 con un destornillador a una mujer que trabajaba en la cafetería de la cárcel en donde purgaba una pena por asalto a mano armada.
LO ÚLTIMO
.svg)
