“Este fin de semana he firmado una ley que permitirá al estado aplicar la pena de muerte. Las familias y los seres queridos de las víctimas tienen derecho a llorar y a buscar justicia a través de la ley. Ahora podemos hacerlo”, dijo Henry McMaster en Twitter.
El republicano, partidario de la pena de muerte, quiere reanudar las ejecuciones tras una pausa de 10 años en su estado debido a la escasez de sustancias utilizadas en las inyecciones letales.
La ley, firmada el viernes, convierte la silla eléctrica en la primera opción para un condenado a muerte en lugar de la inyección letal, y autoriza la formación de un pelotón de fusilamiento, que pasa a ser la segunda opción.
La ejecución por inyección volverá a ser la opción prioritaria cuando se disponga de las sustancias necesarias, según el texto.
Hasta ahora, un condenado a muerte en este estado de Estados Unidos tenía que elegir entre la silla y la inyección, siendo esta última automática si se negaba a elegir.
La organización Incarcerated Outreach Network, que ayuda a los presos y tiene sede en Carolina del Sur, denunció la decisión en Twitter como “espantosa, impactante y abominable”.
Para el representante local de la importante organización de derechos civiles ACLU, Frank Knaack, el estado ha “encontrado una nueva forma de reiniciar las ejecuciones dentro de un sistema racista, arbitrario y propenso a los errores”.
“El sistema de justicia de Carolina del Sur comete errores, pero la pena capital es irreversible”, añadió en un comunicado, señalando que las personas de color constituyen más de la mitad de los condenados a muerte, pero sólo al 27 % de la población del estado.
La silla eléctrica no se ha utilizado desde 2008 y la última ejecución por inyección fue en mayo de 2011, según el Departamento Correccional del estado y los medios locales.
Carolina del Sur es el cuarto estado de Estados Unidos que permite la pena capital por fusilamiento, junto con Misisipi, Oklahoma y Utah, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Solo tres condenados han muerto ante un pelotón de fusilamiento, todos en Utah, desde que el Tribunal Supremo restableció la pena capital en 1976, según el centro.
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