La propuesta gubernamental fue recogida por el legislador sandinista Filiberto Rodríguez, quien presentó ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, una iniciativa de decreto para cancelar las personalidades jurídicas a las 24 organizaciones médicas. 

La propuesta de Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, establece que los bienes y activos que pertenezcan a esas entidades tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en su estatuto.

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“Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado”, según la iniciativa. 

En la exposición de motivos, el legislador dijo que la directora del departamento de registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, Franya Urey Blandón, remitió al titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, un informe en el que se expresa la solicitud de ilegalización de las 24 organizaciones, debido a que las mismas han “incumplido con sus obligaciones legales y estatutarias”. 

La funcionaria pidió la ilegalización de las entidades también por encontrarse “acéfalas, por estar vencido el plazo de su Junta Directiva” y porque no han reportado “sus estados financieros desde hace varios años” al Ministerio de Gobernación. 

Supuestamente, tampoco han presentado los convenios sobre sus proyectos y actividades, “que definan claramente su fuente de financiamiento, su cartera de proyecto, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de la fundación”, de acuerdo con la información. 

Además, “no han presentado los documentos de identidad de sus proveedores de fondos y soporte de ingresos, la buena reputación de sus beneficiarios y de sus asociados”, ni el origen de todos sus miembros donantes, incluyendo nombres y apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta, domicilio y teléfono.