Así lo anunció el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, en la presentación de una serie de medidas para paliar la falta de vivienda y frenar la especulación inmobiliaria.

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Esos permisos de residencia que daba el país europeo, que otorga facilidades para que latinoamericanos se muden allá,  sólo serán prolongados si los inversores que compraron bienes inmobiliarios residen en ellos de forma permanente o si los alquilan a los residentes, precisó el jefe del gobierno socialista.

La visa —que existe también en otros países de Europa, como España— ha ido revisándose. La última modificación excluía las inversiones en Lisboa y Porto, en el norte, para rebajar la presión en los precios del sector inmobiliario.

En esta última década, Portugal captó un total de casi 6.800 millones de euros a cambio de unos 11.600 permisos de residencia acordados a candidatos dispuestos a invertir al menos 500.000 euros por una adquisición inmobiliaria, invertir al menos un millón de euros o crear 10 empleos.

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Para hacer frente a la crisis inmobiliaria, el gobierno presentó el jueves una serie de medidas cuyo objetivo es aumentar el número de alojamientos disponibles.

“En estos últimos 10 años, los alquileres registraron una subida muy superior a la inflación. Los precios actuales son demasiado elevados para el mercado portugués”, dijo Costa.

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El programa presentado, que podrá consultarse públicamente durante un mes antes de ser adoptado por el gobierno el 16 de marzo, es de un valor de 900 millones de euros.

Entre las medidas del dispositivo figuran una fiscalidad más favorable en el mercado del alquiler a largo plazo y ayudas a las familias frente al alza de los alquileres o el pago del crédito.

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