El anuncio lo hizo la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, quien señaló que los cambios normativos son “consistentes con la reforma integral del sistema de pensiones” y que buscan garantizar pensiones a más peruanos, dentro de la crisis económica y social provocada por la pandemia en el país.

“No podemos ignorar que mucha gente está pasando por momentos muy difíciles (…). Las medidas que hemos tomado son sin hipotecar el futuro del país”, apuntó Alva.

La ministra respondió así al proyecto de ley aprobado por el Congreso el 28 de agosto pasado que habilita a los afiliados al SNP en Perú un retiro voluntario de sus aportes por hasta 4.300 soles (unos 1.228 dólares) de la Oficina Nacional de Pensiones (ONP).

Esa iniciativa está siendo duramente criticada por el gobierno, que ya dijo que la llevará ante el Tribunal Constitucional porque pone en riesgo al sistema previsional de la ONP, que se sostiene por los aportes a la caja común y no por aportes individuales, y porque además obligaría a un desembolso económico al Estado insostenible.

La primera medida anunciada del proyecto de ley, que significará un gasto público total de 13.609 millones de soles (unos 3.888 millones de dólares), establece que el SNP, sistema que convive con el Sistema Privado de Pensiones (SPP), permitirá jubilaciones parciales a partir de 10 años de aportes, con una proyección de pensión de 250 soles (unos 71 dólares).

En tanto, quienes sustenten más de 15 años podrán recibir alrededor de 350 soles (unos 100 dólares). El impacto de esta medida, según señaló Alva, beneficiaría a aproximadamente 700.000 afiliados.

Asimismo, Alva anunció otras 5 medidas para reformar las pensiones, como la estandarización del acceso a la pensión adelantada, con lo que aquellos aportantes de 50 años y que cuenten con 25 años de aportes puedan acceder a una pensión.

Esta disposición podría beneficiar a unos 120.000 afiliados actuales.

Por su parte, en junio pasado, en Colombia se presentó un proyecto de ley que permitiría el retiro parcial de los ahorros de miles de trabajadores.

Dicha iniciativa tiene como argumento permitir que ciudadanos familias que no se han beneficiado de las ayudas del Gobierno puedan hacer el retiro.