La decisión se tomó tras un proceso constitucional controvertido que aboca al país a una inevitable inestabilidad en medio de la pandemia de la COVID-19.

Merino, quien era y seguirá siendo titular del Poder Legislativo de forma paralela a la jefatura del Estado, asumió en una breve ceremonia en el Congreso como el tercer presidente de Perú en cuatro años mientras en todo el país se sucedían protestasen su inmensa mayoría pacíficas, pero no exentas de episodios de violencia– que clamaban contra la destitución de Vizcarra y el parlamento “usurpador”.

Pese a las críticas y las dudas sobre la decisión del Congreso, que el lunes votó abrumadoramente a favor de destituir a Vizcarra y nombrar a Merino como su sustituto de acuerdo a la Constitución, todos los poderes del Estado asumieron y aceptaron el nombramiento, como por ejemplo las fuerzas armadas y la Policía Nacional, cuyos jefes máximos se reunieron personalmente con el nuevo presidente.

El nuevo mandatario, del partido de centro derecha Acción Popular (AP), brindó un breve discurso ante el Congreso tras jurar su cargo, en el que ratificó que respetará la fecha de los comicios generales convocados para el próximo 11 de abril de 2021, en un intento de apaciguar las protestas en su contra y atenuar las críticas al proceso de destitución de su predecesor.

Estas críticas se centran sobre todo en el miedo de que ahora Congreso y Ejecutivo, unificados en la práctica en un solo poder, opten por posponer las elecciones y perpetuarse en sus cargos.

“Mi primer compromiso es ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral (…) Se tiene que respetar el calendario electoral, nadie puede cambiar la fecha convocada al 11 de abril de 2021”, remarcó Merino, quien además indicó que su Gobierno “otorgará todos los recursos” necesarios para la celebración de los comicios.

Luego brindó unos lineamientos de cómo será su proceder hasta que en julio de 2021 asuma un nuevo gobierno, entre los que destacó que buscará “corregir los errores” de sus predecesores para dejar de ser el “país con el peor manejo de la pandemia” de COVID-19.

La mala gestión de esta enfermedad fue de hecho esgrimida por muchos parlamentarios como argumento para justificar la vacancia de Vizcarra y como muestra de la “incapacidad moral” que garantizó su destitución.

Igualmente, Merino afirmó que durante su gestión se continuará con la reactivación económica, fortaleciendo a las empresas grandes y pequeñas, y con la creación de puestos de trabajo perdidos. No explicó sin embargo cómo lo hará.

También prometió que convocará un “gabinete de consenso y unidad nacional”, integrado por profesionales “de las más altas calificaciones” y sin colores políticos.

Esta tarea fue considerada como una de las más importantes y que marcarán tanto el perfil como la interpretación política que se haga de la vacancia, según comentaron a Efe varios analistas políticos.

“Este Gobierno tiene necesariamente que ser un Gobierno de transición, actuar como tal. Como prioridad deberá responder a la grave crisis en la que estamos, sanitaria, económica y política… Pero lo fundamental es garantizar las elecciones limpias y transparentes en abril de 2021“, indicó a Efe la politóloga Adriana Urrutia.

Muchos ciudadanos y varios partidos políticos, además del entorno del expresidente Vizcarra, denuncian que la vacancia se debió a una “repartija” de cargos y promesas entre quienes votaron a favor de la misma para defender intereses particulares.

Así, la selección de ministros, los perfiles y las carteras que ocupan tendrán una especial relevancia.

Para descartar esta crítica, en su discurso Merino afirmó que los votos contra Vizcarra “no fueron comprados”, al igual que lo hicieron varios de los legisladores que apoyaron la moción.

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Protestas en Perú

Merino juró mientras en el exterior del Congreso se sucedían las protestas, que a lo largo de la jornada se extendieron también al entorno del Palacio de Gobierno donde el nuevo mandatario ingresó para comenzar la confección de su gabinete.

Las movilizaciones se replicaron también en ciudades de todo el país, protagonizadas en su mayor parte por jóvenes movilizados por redes sociales que clamaban contra el congreso “usurpador” y “golpista” y en respaldo a Vizcarra y sus políticas anticorrupción, según ellos en riesgo bajo una presidencia salida del Congreso.

Por horas hubo corridas, gases lacrimógenos y arrestos en las calles del centro de Lima, episodios de violencia frecuentes pero que tampoco llegaron a extremos.

¿Y Vizcarra?

Mientras, ya convertido en civil, Vizcarra retomó sus actividades privadas y fue visto mientras acudía a una reunión con su abogado para preparar su defensa ante las acusaciones de corrupción que provocaron en último término su destitución.

Sorprendentemente tranquilo y relajado, Vizcarra bromeó incluso con los periodistas que lo aguardaban en la puerta de su residencia en Lima y ante quienes confirmó que este jueves acudirá a la citación del fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, quien lo investiga por los presuntos delitos de cohecho, colusión y asociación ilícita cometidos cuando era gobernador de Moquegua.

También confirmó que su abogado ya se apersonó como su defensor legal ante las dos fiscalías que investigan esos supuestos hechos irregulares y señaló que se presentará ante ambas para ofrecerles “todo lo que requieran”.

En cuanto al nuevo presidente, el ex mandatario expresó su “preocupación”, pues se trata de una autoridad que carece de “dos condiciones básicas”.

“Necesita legalidad y legitimidad, y la legalidad está en tela de juicio porque todavía el Tribunal Constitucional no se manifestó, y la legitimidad, ¿Quién la da? El pueblo. Entonces, una autoridad que no tenga legalidad definida y legitimidad de respaldo genera preocupación”, concluyó.