El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter varias fotos de presuntos pandilleros que habrían intentado borrarse sus tatuajes para evitar ser detenidos dentro del plan ‘Guerra contra Pandillas’, el cual se ha intensificado en el marco del estado de excepción decretado por el Gobierno salvadoreño a finales de marzo.
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Hasta hace poco, los pandilleros mostraban orgullosos sus tatuajes, les daba estatus, identidad, rango y les servían para atemorizar a sus víctimas.
Ahora se queman el cuerpo para tratar de ocultarlos…
De igual manera, irán a envejecer a la cárcel.
Sus delitos no prescriben. pic.twitter.com/oABPM3AxFq
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 27, 2022
Tras el asesinato de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo, crímenes que el Gobierno les adjudicó a las pandillas que operan en el país, principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, Bukele decretó el estado de excepción que le ha valido múltiples críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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Sin embargo, Bukele se ha mantenido firme en su política y el pasado miércoles destacó que, según sus datos, el país lleva 6 días consecutivos con 0 homicidios. Así mismo, la Policía Nacional Civil de El Salvador informó el pasado miércoles que en apenas 33 días han sido detenidos 20.421 presuntos miembros de pandillas.
El miércoles 27 de abril, junto a la @FUERZARMADASV capturamos a 701 terroristas en todo el país.
En 33 días de la #GuerraContraPandillas, hemos sacado de las calles a 20,421 pandilleros. pic.twitter.com/Ha0Kh0b77W
— PNC El Salvador (@PNCSV) April 28, 2022
El estado de excepción permite suspender derechos fundamentales para las personas capturadas como la defensa jurídica o el conocimiento de los motivos de la detención. Así mismo, otorga la facultad de hacer reformas para implementar medidas como dar penas de hasta 45 años de prisión para los miembros de pandillas, juzgar a los acusados sin su presencia en el juicio y condenar a penas de hasta 10 años a menores de edad entre 12 y 16 años, según informaron DW y Amnistía Internacional.
El estado de excepción iba hasta el pasado lunes 25 de abril, pero el Gobierno lo renovó por otro periodo de 30 días.
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