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Naciones Unidas reúne a los gobernantes del mundo en su 80ª Asamblea General, que se inicia este 23 de septiembre. El mayor órgano de cooperación global sufre una crisis de financiación derivada de las políticas de austeridad de EE. UU., tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Además, la incapacidad para contener las guerras y conflictos cuestionan su poder para actuar en situaciones críticas.
Ni la guerra en Gaza, ni en Ucrania, en Yemen o Sudán y tampoco la crisis en Siria han sido frenadas, pese a los reiterados esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la asociación global pensada por el mundo para mantener la paz y la seguridad tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
La gran paradoja que condiciona el funcionamiento de la ONU radica en que sus resoluciones, aunque sean respaldadas por una mayoría aplastante, no son vinculantes, es decir, que no obligan a los Estados a acatarlas, a tomar medidas o a modificar decisiones.
Las resoluciones emitidas por la Asamblea General de la ONU, de la que participan 193 países, generalmente no son obligatorias para los Estados miembros, por lo que no impone ninguna presión legal.
El Consejo de Seguridad, cuyas decisiones se han comprometido a “aceptar y ejecutar” los integrantes de la ONU, también se ha encallado por la falta de consenso entre sus miembros permanentes.
Así, la imagen de la ONU se debate entre las críticas por la incapacidad de incidir en temas fundamentales y la desfinanciación que asfixia sus programas, en un contexto en el que el multilateralismo parece haber entrado en decadencia.
Una ONU maniatada por el poder del veto
Cinco países en el mundo tienen la capacidad de anular cualquier resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —conformado, además, por otros 10 miembros rotatorios—. Se trata de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, quienes gozan de un puesto permanente en el órgano más resolutorio de la ONU, encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
Dicho de otra forma: cualquier resolución favorable del Consejo de Seguridad debe contar con el respaldo, o al menos la abstención, de países que hoy son antagónicos entre sí, como Estados Unidos con China y Rusia.
En la práctica, una mayoría de las resoluciones más trascendentes del Consejo de Seguridad son vetadas por al menos uno de sus miembros permanentes. Es previsible que Rusia, por ejemplo, no permita que prosperen las resoluciones contra la guerra en Ucrania, del mismo modo que Estados Unidos impide que se castigue a Israel, su aliado militar y político en Medio Oriente, por su ofensiva en Gaza y los territorios palestinos.
Un caso reciente de “14 votos contra uno” sucedió en el Consejo de Seguridad del 18 de septiembre, cuando EE. UU. vetó, una vez más, la resolución para un alto el fuego en Gaza.
“El texto no condena a Hamás, no reconoce el derecho de Israel a defenderse y legitima erróneamente los falsos argumentos que benefician a Hamás”, justificó la representante estadounidense Morgan Ortagus, antes de levantar la mano para vetar la resolución.
“Es fundamental recordar un reto que es muy difícil de afrontar: la posibilidad de bloqueo en el Consejo de Seguridad”, explicó a France 24 Rafael A. Prieto Sanjuan, experto en Derecho Penal Internacional y profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, al mencionar cómo Washington ha bloqueado múltiples intentos de los palestinos de ser Estado miembro de la ONU.
Desde 1946, los países que gozan del veto lo han impuesto 326 veces. Rusia, que lo heredó de la extinta Unión Soviética (URSS), es, por mucho, la nación que más lo ha usado, con el 49% de los vetos emitidos, un total de 161. Le siguen Estados Unidos, con el 28% de los vetos (94), Reino Unido, con el 9% (32), China, con el 6% (21) y Francia, con el 5% (18 vetos emitidos), según cifras a junio de 2025 del registro oficial de la ONU.
El estancamiento en el Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad de la ONU puede imponer sanciones o autorizar, como último recurso, el uso de la fuerza por parte de los Estados miembros con el fin de “mantener o restablecer la paz”. Lo hizo por primera vez en 1950, durante la Guerra de Corea, y lo ha hecho recientemente en Malí, Siria o Sudán.
Pero en el contexto actual, el poder resolutorio del Consejo ha sido relegado a temas que no afectan a las potencias que ostentan el veto, ni a ninguno de sus aliados. Algunas de las resoluciones adoptadas en 2025 tienen que ver con la extensión de una misión de la ONU en Sudán del Sur, el ataque a barcos por los rebeldes hutíes en Yemen o el embargo de armas a Libia.
La ONU se siente maniatada por el poder del veto de un puñado de sus miembros, a juzgar por una resolución histórica adoptada en 2022, tras la frustración de no poder frenar el avance ruso en Ucrania, que obligaba a los cinco Estados permanentes del Consejo a justificar el uso del veto en un plazo de 10 días. En la práctica, poco ha cambiado, pero la ONU da muestras de preocupación ante las impugnaciones de las grandes potencias.
“Jurídicamente, al contar en contra el voto de uno de los miembros permanentes, una resolución no se puede adoptar”, explicó el profesor Rafael Prieto al evaluar el futuro de una votación en la Asamblea General de la ONU, realizada el 12 de septiembre y que mostró un apoyo mayoritario a la creación de un Estado palestino.
El académico explicó que las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas no son vinculantes y que cualquier miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU puede vetarla.
En 2015, Francia, México, Nueva Zelanda, España y Liechtenstein plantearon en una iniciativa para que los miembros permanentes renunciaran voluntariamente al veto en casos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Hasta hoy, la iniciativa ha servido como una herramienta diplomática más que legal.
Cooperación internacional en bancarrota
El presupuesto de la ONU se completa por tres vías distintas: las cuotas fijas de sus Estados miembros, el fondo común destinado al mantenimiento de la paz y las contribuciones voluntarias que fluyen hacia órganos como Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El organismo mundial aprobó un presupuesto ordinario por 3.720 millones de dólares para 2025. Estados Unidos es el principal contribuyente con el 22% de los aportes totales, seguido por China que financia el 20% y, considerablemente atrás, les siguen Japón, Alemania, Francia y Reino Unido con entre el 4% y el 7% del total de los fondos.
La Casa Blanca es, además, el mayor aportante del Fondo para el Mantenimiento de la Paz, que cuenta con 11 misiones desplegadas actualmente y un presupuesto en el último año de 5.600 millones de dólares, según las tasas de contribución vigentes de la ONU. Pero la nueva Administración de EE. UU., que representa cerca de un 27% de las contribuciones, ya ha planteado dejar de aportar a ese fondo.
Donald Trump regresó a la Casa Blanca con la orden de revisar de sus programas de cooperación global, coordinados a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esto representó una paralización inmediata de centenares de proyectos humanitarios en distintos países en crisis.
Estados Unidos, por ejemplo, cortó la financiación a 48 programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través del cual se brindaba “atención médica materna esencial, protección contra la violencia, tratamiento de casos de violación y otros cuidados vitales en más de 25 países y territorios afectados por crisis médica”, alertó el órgano en comunicado de prensa.
El 29 de agosto de 2025, Trump solicitó al Congreso suprimir otros 4.900 millones de dólares destinados a la cooperación internacional.
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Las víctimas de la falta de recursos de la ONU
Las finanzas de la ONU han sufrido así la dependencia de Estados Unidos, que es, además, el principal patrocinador de órganos como el Programa Mundial de Alimentos, Unicef y otros órganos que sobreviven de las donaciones voluntarias, no de los presupuestos ordinarios.
El secretario general de la ONU, António Guterres, mostró su preocupación por la política de austeridad de Trump, al afirmar que los recortes de la Casa Blanca “harán que el mundo sea menos saludable, menos seguro y menos próspero”.
“La financiación estadounidense apoya directamente a las personas que viven guerras, hambrunas y desastres, proporcionándoles atención sanitaria esencial, refugio, agua, alimentos y educación, y la lista continúa”, expresó Guterres en febrero.
Paralelamente, China, el otro gran contribuyente de la ONU, pasó de tener en 2021 una media de dos meses de retraso en el pago de cuotas a la ONU, a tener diez en 2024, según un análisis de ‘Financial Times’ realizado a partir de datos públicos.
Aunque la dilación de los pagos es una táctica frecuente por muchos países para ajustar el pago a su cierre fiscal, el retraso condiciona la ejecución de programas esenciales.
Ante la incapacidad para llegar a consensos, la comunidad internacional comienza a tender a los acuerdos bilaterales o las alianzas ad hoc, para situaciones puntuales y con una duración determinada.
En ese contexto, los Gobiernos de 193 países volverán a confluir en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, donde cada país podrá exponer sus preocupaciones o miserias ante el mundo entero. Se hablará de la guerra y de la incapacidad para frenarla, mientras cientos de civiles continúan muriendo en Gaza o desplazándose forzosamente de sus tierras.
Este 23 de septiembre, más que los presupuestos de la ONU, están en juego el futuro del multilateralismo y la recuperación de la capacidad para afrontar los múltiples conflictos en el mundo.
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