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Tras años de disputas entre grupos criminales y masacres al interior de las cárceles de Ecuador, el presidente Daniel Noboa emitió el jueves 23 de abril el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que redefine el funcionamiento penitenciario hacia un modelo más restrictivo.
¿Cómo sustituye Ecuador la normativa carcelaria?
Con la promulgación del Decreto Ejecutivo 366, el Gobierno entierra la resolución del Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) vigente desde 2020.
Así, la reorganización del sistema penitenciario establece distintos niveles de administración que separan funciones de gobierno y ejecución.
En ese sentido, el Directorio del Organismo Técnico fue ratificado como el organismo de gobernanza, encargado de dictar las políticas públicas, mientras que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) será el brazo ejecutor y administrativo de las cárceles.
🚨 #ATENCIÓN | El presidente Daniel Noboa firma el Decreto 366: nuevo reglamento para el sistema carcelario en Ecuador. 📑🇪🇨
Principales cambios: 🔹 Inteligencia carcelaria para prevenir delitos. 🔹 Monitoreo y grabación de visitas y llamadas. 🔹 Clasificación estricta por… pic.twitter.com/4uXXs2bJOd— PrimeraPlanaECU (@PrimeraPlanaECU) April 24, 2026
Con estos nuevos parámetros, el Ejecutivo ecuatoriano busca aliviar la crisis de inseguridad que ha golpeado por años a la nación latinoamericana, con especial incidencia al interior de los penales, desde donde continúan delinquiendo las bandas criminales.
Solo en el último año, 206 murieron presos por hechos violentos, según datos del SNAI. La cifra representa un salto exponencial frente a las 46 muertes violentas de 2024.
En el último lustro, más de 600 reclusos han sido asesinados, la mayoría por enfrentamientos entre grupos rivales.
Afuera de los penales, la situación no parece mejorar: el país consolidó en 2025 su año más violento en la historia reciente, con 8.272 homicidios entre enero y noviembre.
ABC de las nuevas reglas
Entre los cambios más relevantes del nuevo protocolo carcelario, llama la atención el control de las comunicaciones y las visitas de los presos, que podrán ser restringidas, supervisadas o grabadas cuando sea necesario para la seguridad penitenciaria, la prevención de delitos o el mantenimiento del orden interno.
Las cárceles serán dotadas de un sistema de inhibición o bloqueo de señal en las áreas internas y en un radio perimetral de seguridad, en un intento por combatir la planificación de crímenes desde las celdas. Paralelamente, la normativa autoriza el reconocimiento de voz para los contactos autorizados en las llamadas.
Además, quedará prohibido el dinero en efectivo, usado por los reos para comprar en los denominados ‘economatos’, que son tiendas internas para adquirir productos de primera necesidad. A partir de ahora, las transacciones se realizarán exclusivamente por transferencias o depósitos bancarios en la cuenta del proveedor.
Los reclusos también tendrán límites de gasto, establecidos en referencia al salario mínimo: el 25% para procesados y 30% para sentenciados. De ese presupuesto, el 40% deberá destinarse a artículos de aseo y el 60% restante a alimentación complementaria.
Quienes hayan sido beneficiados con penas alternativas y, en consecuencia, porten un grillete electrónico, deberán pagar una cuota por el uso y mantenimiento del dispositivo, que será fijada por el SNAI en función de las capacidades económicas del reo.
La Comisión de Beneficios Penitenciarios, creada a partir de la reforma, será quien decida sobre las decisiones de prelibertad, mientras que el seguimiento de procesados que se beneficien de regímenes abiertos será responsabilidad de unidades de reinserción descentralizadas.
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¿A prueba de motines?
El nuevo reglamento también establece un “régimen especial” dirigido exclusivamente a los reclusos que por su nivel de riesgo “representen una amenaza grave para la seguridad penitenciaria, el orden interno o la seguridad pública, independientemente de su situación procesal”. Para ello, cada preso será catalogado dentro de una escala de tres niveles de peligrosidad.
Los reos podrán ser trasladados de cárcel para evitar que cometan delitos, motines o graves alteraciones del orden en el interior o exterior del centro, pero también si se descubre que están entrenando o reclutando a otros reclusos para formar “grupos violentos”.
Asimismo, la normativa contempla protocolos de respuesta rápida ante situaciones de hacinamiento o crisis, siempre bajo criterios de seguridad nacional. En el último lustro, Ecuador ha registrado más de 20 masacres al interior de los centros penitenciarios.
El decreto firmado por Noboa respalda la creación de penales exclusivos para condenados por deudas alimenticias o infracciones de tránsito, con el objetivo de no mezclarlos con integrantes de bandas delictivas.
El documento establece que la reinserción social de los recursos será medida periódicamente a partir de cinco ejes: educación, salud, trabajo, deporte y cultura.
En la actualidad, los presos más peligrosos están recluidos en la Cárcel del Encuentro, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.
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En esa prisión también están políticos como el exvicepresidente correísta Jorge Glas, condenado por corrupción; y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores de Noboa y procesado por casos vinculados a la comercialización de combustibles, su negocio familiar.
Con EFE y medios locales
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