El número de fallecidos por coronavirus asciende en España a 288, lo que supone un incremento de 152 respecto al mediodía del sábado, mientras que los casos positivos se elevan a 7.753, según datos del Ministerio de Sanidad.
Desde la medianoche pasada, los ciudadanos solo pueden salir de sus casas para desplazamientos imprescindibles, como comprar alimentos y productos farmacéuticos, ir a trabajar y a centros sanitarios, atender a personas desvalidas o por causa de fuerza mayor, y es obligatorio el cierre de los establecimientos que no vendan productos de primera necesidad.
Hasta el momento la jornada transcurre prácticamente sin incidencias, salvo la detención de un hombre la noche pasada en una localidad de la región autónoma del País Vasco (norte) que agredió a varios policías cuando estos procedían a cerrar un club que no podía estar abierto en aplicación del estado de alarma.
Más de una veintena de locales de hostelería de la ciudad asturiana de Gijón (norte) se resistieron a cerrar la pasada medianoche y se enfrentan a multas de más de 3.000 euros, informó el Ayuntamiento.
Los agentes de seguridad reforzaron las labores de vigilancia e información en toda España.
En Vitoria, la capital del País vasco, patrullas de la Policía autonómica avisan por megafonía a los ciudadanos de las limitaciones de desplazamiento por la vía pública y las sanciones económicas que supone su incumplimiento, pues “está prohibida toda actividad de ocio en la vía pública”.
En Madrid, la agencia Efe pudo ver cafeterías y bares cerrados y algunas calles completamente vacías o con apenas viandantes a pesar de ser día festivo, con buen tiempo y temperaturas primaverales.
La policía española extremará la vigilancia no solo para controlar el movimiento de personas y vehículos por las restricciones impuestas ante el coronavirus, sino también para evitar el pillaje durante el estado de alarma y los asaltos a centros de abastecimiento de productos de primera necesidad, según una orden de servicio de la Dirección General de la Policía.
Según el decreto aprobado por el Ejecutivo el sábado, el Estado asumirá la condición de “autoridad competente” en todo el territorio, y todas las fuerzas de seguridad del Estado quedarán bajo “las órdenes directas” del ministro de Interior.
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