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El presidente Daniel Noboa busca lograr lo que solo han podido dos antecesores en la presidencia de Ecuador: convocar a la redacción de una nueva Constitución. Este hito solo se ha dado en dos ocasiones desde 1979, tras el retorno a la democracia, con el interino Fabián Alarcón (1997) y Rafael Correa (2007).
Las principales ciudades del país ya acogieron el cierre de la campaña electoral para el referendo convocado por el mandatario ecuatoriano, en el que la pregunta de mayor trascendencia será la instalación de una Asamblea Constituyente.
A partir de la media noche entre el jueves y este viernes 14 de noviembre, Ecuador entró en un período de “silencio electoral” hasta el próximo domingo 16, por lo que está prohibido difundir propaganda política e incluso publicar contenido que pueda inducir al voto.
Además, los presos de las cárceles ecuatorianas sin sentencia firme ejercieron su derecho al voto el jueves, de manera anticipada. De las más de 8.000 personas privadas de libertad inscritas, apenas mil acudieron a las urnas.
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Estatuto de la Asamblea
El modelo de Asamblea Constituyente que propone el presidente quedó plasmado en un estatuto que transmitió el Ejecutivo a la Corte Constitucional, que exigió realizar una docena de ajustes, en aspectos como la elección de los integrantes del órgano. El Gobierno se apresuró a enmendar y la propuesta quedó en firme.
El texto final revela que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá tres meses, a partir de que se conozca el resultado del domingo, para convocar a la elección de los asambleístas constituyentes.
Según el estatuto, la Asamblea funcionará durante 180 días, con la posibilidad de una sola extensión de 60 días más. Estará integrada por 80 constituyentes: 50 provinciales, 24 nacionales y 6 representantes del exterior —dos por Europa, Oceanía y Asia; dos por Canadá y Estados Unidos; y dos por Latinoamérica, el Caribe y África—. Los tres asambleístas más votados ejercerán la presidencia, vicepresidencia y secretaría.
Cada una de las 24 provincias será representada por un asambleísta y uno más por cada 471.000 habitantes, que serán elegidos en listas cerradas, por lo que el votante deberá decantarse por el conjunto de una lista, más que por aspiraciones individuales. Los escaños se adjudicarán aplicando el método denominado D’Hondt, el cual busca reflejar de manera proporcional la cantidad de sufragios obtenidos y facilitar la formación de mayorías.
La Constituyente comenzará a trabajar 10 días después de la elección de sus integrantes, dividida en ocho mesas temáticas: derechos y garantías fundamentales; organización y funciones del Estado; régimen económico y finanzas públicas; justicia y sistema judicial; participación ciudadana y control social; régimen territorial y descentralización; naturaleza y ambiente; y régimen de desarrollo e inclusión social.
Las audiencias de debate contarán con invitados “de la academia, Gobiernos locales, pueblos y nacionalidades, y sectores sociales que lo requieran, con el propósito de brindar aportes y colaboraciones al texto de la nueva constitución”, explica el código 13 del estatuto, que también menciona la creación de una “plataforma digital para iniciativas ciudadanas”.
El quorum para la instalación de las sesiones será de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad del total de miembros. Los “aspectos estructurales” de la Constitución deberán decidirse con el respaldo de dos terceras partes del pleno. Las decisiones ordinarias se adoptarán por mayoría simple.
La Asamblea será retransmitida en tiempo real “por medio digitales” y estará obligada a emitir un boletín semanal con los avances del proceso.
Finalmente, el órgano “se disolverá con la remisión del proyecto de constitución aprobado al Consejo Nacional Electoral”, que deberá convocar un referendo de aprobación.
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La pregunta que lo define todo
Unos 13,9 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para responder cuatro preguntas sobre aspectos esenciales de la constitución. Uno de los puntos es la eliminación de la prohibición de instalar bases militares extranjeras. Para esto debe derogarse el artículo 5 de la actual Carta Magna, aprobada en 2008, bajo el mandato de Rafael Correa, cuya promulgación forzó a EE. UU. a salir en 2009 de la ciudad costera de Manta, donde coordinaban acciones contra el narcotráfico.
El partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que tiene como líder a Noboa, invocó el jueves 13 de noviembre la necesidad de contar con el apoyo de fuerzas extranjeras para combatir al crimen organizado, durante el cierre de la campaña oficialista en Guayaquil y Machala.
Las otras cuestiones por definir son la culminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas y la reducción del número de asambleístas a 73, de los 151 que actualmente la componen.
No obstante, estas tres reformas constitucionales están supeditadas a la cuarta pregunta, la única convocada como consulta popular, la de la Constituyente.
El apoyo mayoritario a esta propuesta supondría la redacción de una nueva Carta Magna, que nada garantiza que vaya a respetar lo decidido en los otros puntos votados, por lo que solo la cuarta pregunta puede alterar el futuro de las tres anteriores.
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Un referendo que mide la aprobación del presidente
La convocatoria a las urnas de este domingo 16 de noviembre será la decimocuarta iniciativa presidencial de este tipo desde el retorno a la democracia en Ecuador. Daniel Noboa ya había convocado a las urnas en 2024, cuando obtuvo la victoria en nueve de sus 11 preguntas.
El presidente ha manifestado en reiteradas ocasiones su respaldo a la apertura de una Asamblea Constituyente, argumentando que la realidad del país ha cambiado lo suficiente en los últimos 17 años como para renovar el andamiaje institucional. El mandatario afirma que el actual marco constitucional limita la capacidad del Estado para responder a una violencia que se ha multiplicado exponencialmente en Ecuador, en gran parte por la influencia de grupos narcotraficantes como el Tren de Aragua.
Noboa fue reelegido como mandatario el pasado abril, hasta 2029, tras derrotar por segunda vez a la correísta Luisa González, en una campaña en la que él hizo de la nueva Constitución una promesa para enterrar el legado del izquierdista Rafael Correa.
El correísmo y el movimiento indígena encabezan la campaña por el ‘No’, centrando su activismo tanto en publicaciones en redes sociales como en actos y manifestaciones en las calles. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó a una “minga nacional por el NO”.
De cara a la votación trascendental, el movimiento indígena se concentró en el parque de la Carolina, en Quito, para pedir por última vez el voto en contra y criticar al Gobierno de Noboa, al que tacha de “represivo” y “mentiroso”.
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Con Reuters, EFE y medios locales
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