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En el restaurante ‘La Piojera’, ya no sorprende ver la mayoría de las mesas vacías en pleno mediodía. Este emblemático sitio del centro de Santiago solía estar lleno a la hora del almuerzo, pero el temor ha espantado a oficinistas y clientes regulares, que optan por evitar esta ‘zona caliente’ de la capital de Chile.
“Muchos negocios se han mudado hacia el oriente. No hay oficinas ni bancos. Entonces, obviamente, ya no tenemos público. Los jóvenes venían acá después del trabajo y como ese público ya no está y hay inseguridad, la gente no viene al centro“, revela Mauricio Gajardo, dueño del local gastronómico, quien afirma que sus ventas han caído “un 60%” y solo le alcanza “para mantenernos, pero no nos queda ganancia”.
A pocos metros, en un despoblado Mercado Central, Augusto Vásquez ratifica el desplome en las ventas.
Hace más de 50 años, su local ‘Donde Augusto’ fue el primer restaurante instalado en el predio, declarado Monumento Histórico de la ciudad, pero hoy sus ventas han bajado “a menos de la mitad”, por lo que ha reducido drásticamente su plantilla, que en las mejores épocas llegó a tener unos 120 trabajadores.
Para este comerciante, los problemas comenzaron con el estallido social de 2019 porque “la gente se fue del centro de Santiago” debido a las protestas diarias y “muchas empresas, bufetes de abogados, restaurantes decidieron mudarse”.
Luego, “la pandemia terminó por hundir todo” y actualmente en la zona “hay un miedo fundado, eso ayuda a la sensación de que el centro es inseguro y por eso la gente no está viniendo”.
El alza de robos y otros delitos en los últimos años, coinciden, les ha forzado a modificar sus hábitos y a pensar en una mudanza.
“Antes cerrábamos a la 1 o 2 de la mañana y ahora lo hacemos a las 8 de la noche. Y estamos viendo sucursales o locaciones en otro lado para poder mantener viva la marca en el tiempo”, cuenta Gajardo.
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En el Mercado Central y sus alrededores, el declive se traduce en un paisaje de persianas bajadas y negocios enrejados. Dos oficiales de Carabineros marcan la presencia policial que, si bien ambos dueños de restaurantes resaltan una mejora, dista mucho de ser ideal.
“Los policías están acá, pero se van a las seis de la tarde y, a veces, esto se vuelve a llenar de indigentes, vuelve a ser un tema complicado. Ha habido un avance pero todavía falta. Tenemos que hacer un llamado a que la gente venga porque sostener esto es cada vez mucho más complicado”, subraya Vásquez.
El miedo a la delincuencia domina la opinión pública en Chile
La preocupación de Gajardo y Vásquez es, en realidad, la de la mayoría de los chilenos de cara a las elecciones presidenciales, como reflejan de manera sostenida las encuestas.
La retórica electoral, con candidatos sobreexplotando el tema, agita los temores de una nación que, sin embargo, es una de las más seguras de América Latina.
Si bien la tasa de homicidios se triplicó en la última década (con un pico de 6,7 por cada 100.000 habitantes en 2022), se ubica lejos del promedio de la región, de 15 cada 100.000, según datos de la ONU.
Además, el Informe Nacional de Víctimas y Homicidios Consumados en Chile, elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ha reflejado dos años consecutivos a la baja hasta llegar a 6,0 en 2024, y la tendencia bajista se mantenía en el primer semestre de 2025, con una reducción del 13,8% en el número de homicidios respecto al mismo período de 2024.
Estos datos no alcanzan para calmar el temor generalizado de la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), durante 2024, un 87,7% de las personas percibió un aumento de la delincuencia en el país, aunque solo 17,7% de los hogares encuestados afirma haber sido víctima de robos, y 8,5% sufrió delitos violentos.
Ese miedo se ve alimentado por el crecimiento de algunos delitos en particular, como los secuestros, que según el Ministerio Público Fiscal registran “un aumento sostenido”, pasando de 16,5% a 21,1% entre 2022 y 2024.
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“No es que la criminalidad haya avanzado tanto, sino que el tipo de delitos es el que ha cambiado. Han llegado formas de organización criminal que cometen secuestros, sicariatos, que tienen mucho impacto en la opinión pública. Que haya entrado el crimen organizado, creo que ha generado esta sensación de urgencia respecto a la seguridad“, afirma a France 24 Rodrigo Medel Sierralta, sociólogo y politólogo de la Universidad de Chile.
Una campaña marcada por la “mano dura”
Los candidatos a la Presidencia de Chile han recogido el guante de la preocupación ciudadana, configurando sus campañas en torno a la seguridad y en una suerte de carrera por mostrarse como garantes de la seguridad pública.
Los discursos de “mano dura” contra el crimen y la inmigración irregular llegaron hasta la postulante oficialista, la izquierdista Jeannette Jara, aunque la temática impulsa más a candidatos de derecha y ultraderecha, como José Antonio Kast y Johannes Kaiser.
Al inicio de la campaña, en su franja electoral (espacio televisivo dedicado exclusivamente a spots de los aspirantes a la presidencia), Jara –favorita para ganar la primera vuelta pero con dificultades de cara a un balotaje– abordó la inmigración irregular, con la propuesta de crear una “muralla” digital y fortalecer la presencia de carabineros y fuerzas armadas.
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Mientras que en el último debate previo a los comicios, el lunes 10 de noviembre, pidió comprometerse a “mano dura de verdad” para que “persigamos a los que tienen el control del dinero del narcotráfico y el crimen organizado”.
Por su lado, Kast abrió su carrera proselitista mostrándose con una mujer cuyo hijo fue asesinado por inmigrantes ilegales “que violaron nuestra frontera, que violaron nuestras leyes”.
Entre sus propuestas están levantar un muro y cavar una zanja en la frontera, desplegar allí 3.000 militares y combatir el crimen con un endurecimiento de la seguridad en las cárceles, penas más severas y envío de militares y policías a zonas críticas. También ha instado a expulsar a 330.000 inmigrantes irregulares en los primeros meses de un eventual mandato.
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En esa línea, Evelyn Matthei, que se muestra como la opción moderada de derecha, ha apelado al “orden y mano dura” para “devolverle a Chile la seguridad que merece” y, en el último debate, ha amenazado a los miembros del grupo criminal transnacional Tren de Aragua (cuya presencia en el país se ha identificado hace unos cuatro años) con ponerlos “en la cárcel o en el cementerio”.
Discursos similares ha replicado el libertario Johannes Kaiser, en ascenso en los últimos sondeos previos, quien ha respaldado “oponer la fuerza del Estado” a “una banda o un grupo terrorista” con operativos policiales como el realizado en las favelas de Río de Janeiro a finales de octubre, que dejó al menos 4 policías y 117 residentes muertos, bajo denuncias de excesos en el uso de la fuerza.
La inseguridad alimenta los discursos antiinmigración
No por casualidad, los discursos políticos alimentan un clima de hostilidad hacia la inmigración.
De acuerdo con la encuesta global ‘Lo que le preocupa al mundo’ de Ipsos, Chile está entre los países más preocupados por el control migratorio. En la publicación de octubre, un 40% de los chilenos lo ubicó entre los tres temas que más le inquietan, detrás del crimen y delincuencia (63%) y el desempleo (45%).
De las 30 naciones relevadas por Ipsos, Chile solo es superado por Gran Bretaña (44%), iguala con Irlanda (40%) y es seguido por Alemania (34%). La salvedad es que, mientras en varios países europeos, la población inmigrante ronda el 20%, en Chile representa el 8,8% del total según el Censo de 2024, aunque es cierto que se ha duplicado en siete años.
De ahí que la percepción pública vincule el alza de la inseguridad al flujo migratorio.
Otro estudio de 3xi y la consultora Criteria indica que el 68% de los encuestados considera a los inmigrantes como un problema y un 90% sostiene que las leyes que regulan el ingreso de extranjeros son más bien tolerantes o demasiado tolerantes.
Siempre según el sondeo mencionado, el 77% de los consultados cree que la inmigración aumenta el crimen organizado, el 75% sostiene que favorece el tráfico de drogas y el 60% apunta a que hace crecer la prostitución.
Esta narrativa choca, una vez más, con los datos. Cifras del Ministerio Público Fiscal muestran que solo el 10,4% de los imputados por delitos en Chile es de origen extranjero, mientras que informes de Gendarmería exhiben que las personas migrantes representan cerca del 15% de la población carcelaria.
No obstante, también cabe señalar que, en su libro ‘Violencia en Chile: la fragilidad del orden social’, investigadores del Centro de Estudios Públicos recogen que desde 2018 se ha registrado un aumento en la proporción de extranjeros en las condenas criminales y existe un alza considerable en la relación entre la población extranjera y los homicidios.
En el paseo comercial lindero al Mercado Central de Santiago, los tenderos no dudan en hacer esa vinculación.
Sonia, quien atiende una verdulería, da la “bienvenida” a “la gente que venga a trabajar”, pero rechaza a aquellos “que vienen a hacer cosas que no deben”.
A escasos metros, junto a su puesto de venta de carteras, Lautaro recoge una de las premisas más repetidas, que “dejaron pasar a muchas personas ilegales” que “llegaron aquí solamente a dañar, a destruir”.
“Acá no se puede vivir. He tenido que poner doble reja, la situación está muy complicada. Uno vive con temor, a los ‘portonazos’ (como se conoce a los robos armados al entrar o salir de una vivienda o lugar de trabajo), a que te quiten el celular, las cadenas”, añade.
Mientras acomoda las frutas y verduras de su puesto, Sonia despotrica del Gobierno de Gabriel Boric y denuncia que “ha estado pésimo, ha estado de vacaciones”.
Es un reproche bastante generalizado, más allá de que la Administración del presidente progresista ha impulsado, muchas veces en consenso con la oposición, 70 leyes de seguridad en el Congreso –récord desde el regreso de la democracia, según la Fundación Chile 21– y ha destinado más fondos para robustecer a los cuerpos de seguridad.
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Al pensar en el próximo ocupante del Palacio de la Moneda, Lautaro reclama “mano dura”, que el futuro mandatario tome “medidas serias” sobre todo “allá en el norte, no dejar pasar, más control” al flujo migratorio.
Sonia, en tanto, insta a que el próximo gobierno “se ponga los pantalones, sea mujer u hombre, y haga algo”. Aunque dice que no le cree a ningún candidato porque “hay que ver para creer”, admite que “puede ser que la derecha sea un poco más ruda” a la hora de enfrentar a la criminalidad.
Esa parece ser hoy la clave para cualquier candidato que pretenda incrementar sus posibilidades de gobernar Chile en los próximos cuatro años.
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