El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó en abril a El Nacional a pagar unos 13,4 millones de dólares —al cambio oficial de la fecha de la sentencia— a Diosdado Cabello, diputado y número dos del chavismo, quien ganó una demanda por difamación que introdujo en 2015.

Cabello tomó acciones legales en contra del medio tras la reproducción de un reporte del periódico español ABC que lo vinculaba con narcotráfico. La justicia venezolana consideró que el político fue “víctima” de un “daño moral gravísimo”.

El mismo Cabello difundió la sentencia esta tarde:

Según informó el diario en su sitio web, “el cartel de notificación indica que se cubre la cantidad de 141.501,24 petros [unos USD 7,8 millones al cambio oficial de este viernes] del total de 237.000 petros [USD 13 millones] que obliga a pagar” el TSJ.

“A golpe de seis y media de la tardellegó una orden de embargo la cual es totalmente ilegal”, dijo Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional, a periodistas a las afueras del edificio ubicado en el este de Caracas (Venezuela).

El presidente y editor del periódico, Miguel Henrique Otero, alertó en Twitter:

“Esto es un abuso pleno de poder”, siguió Makriniotis. “En este momento nos encontramos desalojados del edificio de El Nacional, todos los periodistas nuestros están resguardados… llegaron más o menos treinta guardias nacionales, colocaron un documento que decía que teníamos que desalojar, que es un embargo, que hay que pagar una suma que es casi el doble de la multa”.

El Nacional, del impreso a la web

El emblemático diario fundado en 1943 dejó de circular en edición impresa en diciembre de 2018 tras 75 años de historia, incluidas dos décadas de choque con los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor, Maduro.

Y de ser una empresa de 1.100 trabajadores con una amplia variedad de secciones y revistas, El Nacional se redujo a un centenar de empleados “limitados a la web”, según dijo Otero en encuentro con periodistas hace un mes, en el que calificó este fallo como una “expropiación encubierta”.

El Nacional tenía espacios alquilados a fundaciones, algunos equipos de la Cruz Roja y a un laboratorio clínico, que también fueron desalojados, según Makriniotis.

El abogado de El Nacional, Juan Cancio Garantón, explicó que el acto es “una cosa ilegal” pues introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un “documento físico pidiendo medidas cautelares para el periódico”, sobre las que los magistrados deben aún pronunciarse.

“No hay ningún embargo aquí”, fustigó. “El embargo no podían ejecutarlo porque hay un recurso de revisión constitucional ante los magistrados de la Sala Constitucional introducido desde el día lunes ratificado personalmente hoy”.

“Ni siquiera nos han notificado el bendito plazo prudencial para reunir los 13 millones de dólares”, añadió. “No ha habido notificación de juez alguno, esto es un abuso de autoridad”.

Cabello —que interpuso sin éxito querellas contra el ABC en España y The Wall Street Journal en Estados Unidos en 2015— ha planteado que en el edificio de El Nacional funcione una universidad de la comunicación.

Más de un centenar de medios de comunicación han cerrado desde la llegada al poder de Nicolás Maduro, denuncia la ONG Espacio Público.