Las elecciones “no garantizan los derechos humanos”, aseguran varias oenegés en un informe en el que instan a la comunidad internacional a “redoblar sus esfuerzos para poner fin a la crisis” en Nicaragua, en donde el presidente, Daniel Ortega, se presenta el próximo domingo a su cuarto mandato consecutivo, después de 14 años en el poder. Ni rastro de la oposición, que se halla tras las rejas o ilegalizada.
Las oenegés, entre las que se destacan Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), CEJIL y WOLA, insisten en la crítica situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde cientos de personas han muerto desde las protestas masivas que pedían la renuncia de Ortega en 2018.
Las organizaciones citan las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas y recuerdan que “100 personas percibidas como críticas permanecen detenidas”. También les preocupa “la falta de independencia judicial y las violaciones al derecho de acceso a la justicia”. La falta de libertad de expresión es otro de sus caballos de batalla.
Las autoridades nicaragüenses —dicen las oenegés— persiguen a defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y disidentes “solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión”. Como parte de esta táctica, las oenegés mencionan la ley para la regulación de agentes extranjeros y la ley especial de ciberdelitos que restringen las libertades.
Entre julio y agosto de 2021, las autoridades ordenaron el cierre de 45 oenegés que se suman a otras 10 cerradas desde que los manifestantes tomaron las calles en 2018, protestan.
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Las oenegés arremeten asimismo contra las violaciones de los derechos políticos. El gobierno “ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral”, dicen, a pocos días de que Ortega se mida en las urnas a cinco partidos derechistas que los nicaragüenses apenas conocen y considerados afines a él.
El pueblo nicaragüense —añaden las oenegés— debe poder “ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad“, piden las oenegés.
La “falta de garantías” para el ejercicio del derecho de reunión pacífica es otra de las razones en las que se basan para condenar el proceso electoral.
Nicaragua “debe garantizar la libertad de reunión pacífica antes, durante y después del proceso electoral“, concluyen las oenegés.
Aparte de este informe, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denuncian “el repertorio de leyes creado para reprimir a las personas defensoras de derechos humanos y a los opositores políticos y que condenará a Nicaragua a entrar a un régimen dictatorial”.
Por eso, urgen a las autoridades nicaragüenses y a la comunidad internacional a tomar medidas “para reinstaurar el Estado de Derecho en Nicaragua”.
Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros, consideran que Nicaragua incumple los estándares mínimos para elecciones libres y justas.
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