La demandante se identificó como Jane Doe, y negó dar su nombre real argumentando que tuvo una experiencia humillante que la traumatizó, y aseguró que ni siquiera pudo contárselo a su familia, aseguró The New York Times.
El hecho sucedió el pasado 8 de febrero cuando la mujer, de 27 años, tenía 40 semanas de gestación y entró en trabajo de parto mientras estaba retenida en una celda, en un cuartel del distrito del Bronx.
Los policías la llevaron a un hospital cercano pero esposaron sus manos a la camilla y encadenaron sus tobillos, pese a que los médicos les advirtieron que esa acción es ilegal en Nueva York y afecta la concepción del bebé.
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Los oficiales alegaron que sólo cumplían con las directrices de la Guía de Patrullas del Departamento de Policía, y el médico lo reportó en su informe sobre el parto, agrega el diario.
No fue hasta después de una intensa hora de parto que los policías accedieron a quitar las esposas de una mano y los pies, pero la mujer tuvo a su hija con una mano esposada a la cama, señala la demanda, de acuerdo con el Times.
En la demanda, que incluye a varios policías y al Departamento, se reclama compensación, cuya cantidad no se especifica, por violación de sus derechos civiles y pide cambios en esa agencia municipal para que los agentes nunca vuelvan a encadenar a otra mujer embarazada bajo su custodia.
El documento legal recuerda que se violó una ley del estado del 2015 que prohíbe se limite a una embarazada, o que esté dando a luz, y durante las ocho semanas de recuperación posparto. Esta ley es del 2009 pero fue ampliada en ese año.
Nueva York es uno de los 26 estados que tiene esta prohibición, y hay otros que han ido más lejos para prohibir cualquier tipo de restricción a una mujer embarazada, destaca el periódico. En los otros 24 estados no existe ningún tipo de prohibición.
El concejal Ydanis Rodríguez expresó su preocupación por lo ocurrido, pidió que se realice una investigación y señaló que de ser cierto, los responsables deberían enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Rodríguez indicó además que le pidió al concejal Donovan Richards, presidente del Comité de Seguridad Pública, que realice una audiencia pública al respecto y afirmó que esposar a una mujer durante el parto es “una práctica cruel y degradante que plantea serios riesgos de salud”.
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