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Mientras una nueva marcha universitaria movilizaba a miles en defensa de la educación pública, la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría. El revés legislativo dejó al descubierto la fragilidad de las alianzas que sostiene al oficialismo, profundizó la fractura interna del PRO y puso en evidencia los límites de una estrategia de confrontación que, hasta ahora, Milei se resiste a modificar.
Tras la derrota legislativa en la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo revés en el Congreso que profundiza una crisis cuyo alcance todavía es incierto.
La Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría, con mayorías calificadas que no pasaron inadvertidas ni siquiera para los parlamentarios con más trayectoria.
Ahora el trámite debe continuar en el Senado, donde todo indica que también se impondrá el rechazo.
Para los analistas, el resultado dejó al descubierto dos verdades incómodas para el oficialismo: que la estrategia de gobernar a puro veto encuentra límites cuando se topa con sectores sociales sensibles —la salud y la educación— y que el respaldo parlamentario con el que contaba Milei luce cada vez más frágil.
La fotografía legislativa del miércoles pasado mostró a una oposición cohesionada, pero también a aliados circunstanciales que optaron por desmarcarse del ajuste en áreas percibidas como intocables por la ciudadanía.
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La gran pregunta que sobrevuela entre analistas y dirigentes es si Milei podrá sostener su programa de gobierno sin tejer acuerdos políticos más amplios y, sobre todo, si está dispuesto a escuchar el pulso de la calle para redefinir su estrategia.
La calle y el Congreso
La sesión en Diputados coincidió con una nueva marcha universitaria masiva en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, que propone actualizar el presupuesto destinado a las universidades nacionales de acuerdo con la inflación acumulada de 2023 y 2024.
Según los organizadores, cientos de miles de personas se movilizaron en todo el país. La convocatoria fue encabezada por rectores, docentes, no docentes y estudiantes, pero también se sumaron organizaciones sociales, sindicatos y familiares de alumnos, lo que le dio a la protesta un carácter transversal.
Se trató de la tercera Marcha Federal Universitaria durante el Gobierno de Milei, después de las movilizaciones de abril y octubre de 2024, que ya habían marcado el descontento frente al recorte presupuestario.
En esta ocasión, la protesta tuvo un ingrediente adicional: mientras los manifestantes reclamaban por la defensa de la universidad pública, dentro del Congreso se debatía el veto presidencial que buscaba frenar precisamente esa ley de financiamiento.
Desde el Gobierno, en cambio, apuntaron contra los sectores políticos y sindicales que participaron de la marcha y contra la oposición que rechazó los vetos.
“En la marcha de ayer se alinearon todos los enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos, e incluso abanderados de Palestina”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, este jueves en conferencia de prensa.
Además, el funcionario reiteró que el rechazo a ambas leyes atenta contra el equilibrio fiscal que el Ejecutivo considera innegociable. “Quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta y la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza. El presidente Milei planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia”, dijo Adorni.
Los límites de gobernar a puro veto
En diálogo con France 24, el abogado y analista político Federico Miravet considera que las derrotas que viene acumulando el oficialismo no son simples tropiezos legislativos, sino el resultado directo de una estrategia política que el propio Gobierno eligió desde el inicio de su gestión.
A su criterio, el problema central no está en la fuerza de la oposición ni en la coyuntura económica, sino en la incapacidad del presidente para construir consensos y en la decisión deliberada de apostar a la confrontación permanente.
“Son muy duras las derrotas que está sufriendo el Gobierno. La realidad es que no hay un ápice de diálogo ni de apertura, porque se ha encargado de dinamitar cada uno de los puentes posibles. El agravante de todo esto es que es 100% autoinfligido, una estrategia política tomada desde el día uno”, explica.
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Esa lógica, sostiene, se refleja incluso en el comportamiento de algunos aliados. Como ejemplo, menciona a la diputada del PRO Silvia Lospennato, que se opuso al acuerdo electoral con los libertarios, reafirmó sus diferencias con gran parte de su bancada y se alineó con la oposición.
Y advierte que esa dinámica no muestra signos de corrección:
“La respuesta es que no hay margen para cambiar. No hay ningún tipo de entendimiento de la situación social. Esta semana hablamos del Hospital Garrahan y de las universidades; la semana pasada fueron los jubilados y la anterior, las personas con discapacidad. Cada semana aparece un frente distinto que se le planta a Milei y en ninguno de los casos hay alguien del Gobierno que venga a tomar nota. No hay diálogo con ninguno de los sectores afectados”, señala.
El diagnóstico político se complementa con una advertencia desde el plano económico.
El sociólogo y politólogo Sebastián Halperin, profesor de Opinión Pública en la Universidad Católica Argentina, en la UCES y en la Universidad Camilo José Cela (España), sostiene que la rigidez del discurso oficial no solo inquieta a la sociedad civil, sino también a los actores de poder económico.
“Ese mismo discurso de ‘no vamos a mover un ápice del plan económico’ hace difícil no pensar que este modelo sea sustentable. Y esa no es solo una preocupación de la sociedad: también lo es del Círculo Rojo, de los inversores y del propio Fondo Monetario Internacional”, advierte en diálogo con France 24.
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La interna del PRO se desangra
La votación que rechazó los vetos presidenciales también expuso la crisis interna del PRO.
El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, protagonizó un duro cruce con Silvia Lospennato, a quien le recriminó a los gritos su decisión de votar en contra del oficialismo.
No fue la única disidencia: María Eugenia Vidal se abstuvo en una de las votaciones y acompañó en otra, mientras que otros legisladores optaron por ausentarse o marcar distancia de la línea de bloque.
La imagen final mostró un PRO fragmentado entre quienes buscan sostener la alianza táctica con Milei y quienes consideran que acompañar el ajuste erosiona la identidad del partido.
El descontento escaló puertas adentro. El diputado Alejandro Finocchiaro acusó a los rebeldes de “cruzar hacia las gradas de enfrente”, mientras que su par Fernando Iglesias pidió sanciones contra Lospennato por romper la disciplina interna.
En paralelo, voces más moderadas advirtieron que insistir con la subordinación a Milei puede terminar costando caro de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.
Para Miravet, el PRO atraviesa un punto de inflexión. La disciplina interna que alguna vez caracterizó al bloque se resquebrajó: las diferencias, antes contenidas en privado, ahora se exhiben en público.
Ese quiebre, advierte, abre la posibilidad de una fractura formal tras las elecciones de octubre, con un PRO “institucional” por un lado y otro sector más duro, directamente alineado al oficialismo libertario.
La única chance de evitar esa ruptura estaría en manos de los “Ni-Ni”, con María Eugenia Vidal como figura más relevante.
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Sin embargo, Miravet considera que falta liderazgo para enfrentar la crisis. Esa debilidad, sumada al contraste con la unidad que Milei todavía proyecta en su espacio, alimenta la percepción de una fuerte crisis de liderazgo que golpea al PRO en un momento clave del calendario electoral.
La tensión entre la calle, el Congreso y la Casa Rosada promete escalar en las próximas semanas.
Con un oficialismo debilitado, una oposición envalentonada y un PRO partido en dos, el desafío para Milei ya no es solo económico, sino político: sostener un plan de ajuste sin acuerdos amplios y frente a una sociedad cada vez más movilizada en defensa de la educación, la salud y otros derechos básicos.
La gran prueba será en las elecciones legislativas de octubre, donde se pondrá en juego no solo la correlación de fuerzas en el Parlamento, sino también la legitimidad del rumbo elegido por el presidente.
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