Una delegación de la CIDH había previsto una visita a Venezuela que comenzaba este martes y terminaba el 8 de febrero, pero el gobierno de Maduro ya había advertido que la comisión no estaba autorizada, lo que desató una ola de críticas.
“Nosotros interpretamos esta medida del gobierno (venezolano) como algo que representa un miedo, es propio de regímenes autoritarios no abrirse al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Quieren esconder algo.”, dijo Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.
La Comisión —un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)— informó que tras la prohibición de ingreso se reunirá con organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, migrantes y víctimas en el lado colombiano de la frontera.
Eso como parte de un “plan B” que la CIDH anunció y que pondrá en marcha en Cúcuta, a donde viajarán víctimas acompañados por una misión del líder opositor Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino.
“Hemos convocado que la gente llegue a Cúcuta y que ahí los podamos atender, escucharlos”, dijo a Efe la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
La comisionada confirmó a Efe que la aerolínea les impidió abordar el vuelo con destino a Caracas y que recibieron como explicación de la empresa que había “instrucciones del Gobierno de Venezuela”, señalando que no les iba a “dejar entrar al país“.
“Lamentablemente no teníamos ningún documento escrito de la orden que pudieron haber recibido, de las instrucciones que hubieran podido recibir del Gobierno de Nicolás Maduro”, comentó.
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