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El presidente Nicolás Maduro anunció se encuentra adecuando las dos cárceles de máxima seguridad más peligrosas del país, Tocuyito y Tocorón, para meter a los manifestantes detenidos durante las protestas que siguieron a los cuestionados resultados electorales.
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Desde el Palacio de Miraflores, Maduro enfatizó que estas medidas se implementarán, supuestamente dentro del marco constitucional, con el objetivo de “reeducar” a los detenidos.
El presidente venezolano sugirió incluso la posibilidad de utilizar a los presos para trabajos forzados, como la construcción de carreteras. Una medida que la Organización Mundial del Trabajo tacha como una “forma moderna de esclavitud y trata de seres humanos” cuando “se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera”.
La decisión ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, pues esta medida constituye una violación de los derechos humanos y un intento de silenciar a la oposición política.
El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en Venezuela, donde miles de ciudadanos han salido a las calles para protestar contra los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que otorgan a Maduro un nuevo mandato.
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Esta acción del gobierno venezolano plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia y los derechos humanos en el país, y probablemente intensificará el escrutinio internacional sobre la situación política en Venezuela.
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