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La jueza federal Cameron McGowan Currie desestimó el lunes 24 de noviembre las causas penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al concluir que el nombramiento de Lindsey Halligan, la fiscal que presentó los cargos a petición del presidente Donald Trump, había constituido una ilegalidad por parte del Departamento de Justicia.
Las órdenes no se refieren al fondo de las acusaciones contra Comey o James, sino a la forma en que la fiscal Lindsey Halligan fue nombrada para el cargo de fiscal federal interina del Distrito Este de Virginia, al que la jueza Currie calificó como “una exasesora de la Casa Blanca sin experiencia previa en la Fiscalía”.
“Todas las acciones derivadas del nombramiento defectuoso de la señora Halligan, incluyendo la obtención y firma del escrito de acusación contra el señor Comey fueron ejercicios ilegales del poder ejecutivo y quedan por la presente anuladas”, escribió la jueza.
Aunque los acusados habían solicitado que se desestimaran los casos con perjuicio, lo que significaba que el Departamento de Justicia no podría volver a presentarlos, Currie los desestimó sin perjuicio, lo que abre la posibilidad de que los fiscales vuelvan presentar los cargos de nuevo.
De hecho, la fiscal general Pam Bondi a los periodistas que el Departamento de Justicia “tomaría todas las acciones legales disponibles, incluida una apelación inmediata para responsabilizar a Letitia James y James Comey por su conducta ilegal”. Bondi también defendió a Halligan, calificándola de “excelente” abogada.
“Un proceso basado en la malicia y la incompetencia y un reflejo de lo que se ha convertido el Departamento de Justicia bajo Donald Trump”
Pese a las advertencias de la Fiscalía, Letitia James celebró la “victoria” judicial, escribiendo en X que no tiene miedo “ante las acusaciones infundadas”. Su abogado afirmó que “continuaría impugnando cualquier otra acusación con motivación política por todos los medios legales disponibles”.
Comey, quien se ha declarado inocente de los cargos de hacer declaraciones falsas y obstruir al Congreso, agradeció en una declaración en video “que el tribunal haya puesto fin” al caso en su contra, que definió como “un proceso basado en la malicia y la incompetencia y un reflejo de lo que se ha convertido el Departamento de Justicia bajo Donald Trump”.
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Nombramiento ilegal
Lindsey Halligan, exabogada personal de Trump, fue nombrada sustituta de Erik Siebert, un veterano fiscal que dimitió el pasado septiembre ante la presión del Ejecutivo estadounidense para que presentara cargos contra Comey y James, quienes desde sus cargos habían coordinado investigaciones contra el presidente antes de que volviera a la Casa Blanca.
Los fiscales generales tienen la autoridad de nombrar a un fiscal federal interino que puede ejercer sus funciones durante 120 días. Sin embargo, los abogados de Comey y James argumentaron que, una vez expirado ese plazo, como ocurrió en el caso de Siebert, la ley otorga a los jueces federales del distrito la autoridad exclusiva para nombrar a un fiscal que ejerza sus funciones hasta que se cubra la vacante.
Así, el Departamento de Justicia eludió la ley al realizar el nombramiento de Lindsey por su cuenta, según los abogados defensores.
La jueza federal apoyó esa tesis el sentenciar que “el plazo de 120 días comenzó a correr con el nombramiento del señor Siebert el 21 de enero de 2025”, por lo que “cuando ese plazo expiró el 21 de mayo de 2025, también lo hizo la autoridad de nombramiento del fiscal general”.
“En consecuencia, concluyo que el intento del fiscal general de nombrar a la señora Halligan fiscal interina de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia era inválido y que Halligan ha estado desempeñando ilegalmente ese cargo desde el 22 de septiembre de 2025”, zanjó Currie.
Más allá de la violación estatutaria, la jueza identificó un problema constitucional fundamental. La designación de Halligan como fiscal interina, catalogada constitucionalmente como “oficial inferior”, requiere un nombramiento que debe realizar el presidente con consentimiento del Senado o mediante un proceso autorizado por el Congreso.
La jueza apreció que en el nombramiento de Halligan no se usaron ninguna de las dos figuras.
“Este caso presenta una situación única, si no sin precedentes, en la que una fiscal designada inconstitucionalmente (…) Actuó sola al llevar a cabo un procedimiento ante un gran jurado y asegurar una acusación formal”, señala el fallo.
Perseguir al contrapoder
A la noche siguiente de que Erik Siebert dimitiera a consecuencia de la injerencia de Trump en su labor de fiscal, el republicano anunció a Halligan para el cargo de forma interina. Comey fue acusado tres días después de que ella prestara juramento. Letitia James lo fue dos semanas después.
En 2016, Comey investigó la posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales y posibles vínculos con la campaña de Trump. En 2017, durante su primer gobierno, el líder republicano despidió a Comey abruptamente, tras argumentar una supuesta mala gestión al frente del FBI.
Con Letitia James, la enemistad comenzó tras su elección como fiscal general de Nueva York en 2018, cuando prometió investigar a Trump y su familia, especialmente por irregularidades en sus finanzas y negocios inmobiliarios.
James promovió demandas civiles contra Trump y sus empresas, bajo acusaciones de inflar fraudulentamente el valor de sus activos. Trump la ha acusado de ejecutar una revancha política y la ha calificado de “perseguidora racista”.
Al menos tres fiscales federales más designados como interinos en procedimientos similares al de Halligan han visto sus actuaciones anuladas o puestas en cuestión por la justicia federal en distritos de Nueva Jersey, Nevada y Los Ángeles.
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Con AP, Reuters y medios locales
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