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Era una espada de Damocles que pendía sobre varias ONG que operan en la Franja de Gaza. El jueves 1 de enero de 2026, el gobierno israelí confirmó la suspensión de las licencias de 37 organizaciones humanitarias.
“La principal deficiencia identificada es la negativa a proporcionar información completa y verificable sobre sus empleados, un requisito esencial destinado a impedir la infiltración de operadores terroristas dentro de las estructuras humanitarias”, justificó en un comunicado el ministro israelí de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli. Las ONG afectadas tienen plazo hasta el 1 de marzo para cerrar sus programas.
En marzo de 2025, el Parlamento israelí había aprobado una nueva ley sobre el registro y la concesión de visas para el personal de ONG internacionales. Una política represiva que corría el riesgo de “obstaculizar el envío de ayuda humanitaria y la prestación de servicios sociales a los palestinos”, advirtieron entonces eurodiputados en abril. “La Unión Europea ha sido clara: la ley sobre el registro de las ONG no puede aplicarse en su forma actual”, señaló también la comisaria europea Hadja Lahbib en su cuenta de X, el 31 de diciembre.
Sin garantías para suministrar la información solicitada
Para evitar la prohibición, los actores humanitarios podían entregar sus listas de personal a las autoridades hasta el 31 de diciembre de 2025, a la medianoche. Sin embargo, particularmente señalada, la ONG Médicos Sin Fronteras explicó a la AFP que no había transmitido la lista de sus empleados por no haber obtenido “garantías ni aclaraciones” sobre esta solicitud “preocupante”.
Una prohibición que “pone en peligro el derecho internacional humanitario”, lamentó por su parte Jean-François Corty, presidente de Médicos del Mundo, en declaraciones a RFI.
“Este tipo de suspensiones arbitrarias agrava aún más una situación que ya es intolerable para la población de Gaza”, estimó Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En la mañana del jueves 1 de enero de 2026, un grupo de 17 organizaciones israelíes de tendencia progresista condenó estas restricciones en un comunicado conjunto. “La exclusión de 37 ONG internacionales socava la acción humanitaria (…), pone en peligro al personal y a las comunidades, y compromete la eficacia de la distribución de la ayuda”, señalaron.
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