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Este artículo fue curado por pulzo   Mar 30, 2026 - 1:16 pm
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Mientras la mayor parte de la atención se centra en la guerra que Israel inició junto a EE. UU. contra Irán, el Estado de mayoría judía escala sus duras políticas contra los palestinos.

Tras meses de deliberaciones, el Parlamento aprobó este 30 de marzo una ley que establece la pena de muerte como sentencia por defecto para los palestinos que Israel declare culpables, en tribunales militares, de muertes de ciudadanos de su país.

Con el aval del Legislativo se cumple una promesa clave de los aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Mientras el temor crece entre los palestinos bajo asesino constante de Israel y las organizaciones de derechos humanos elevan su preocupación, algunos funcionarios del Gobierno de Israel se jactaban de lo que ya se veía como la probable aprobación de la medida.

Y es que en el período previo a la votación, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista, Itamar Ben-Gvir, popularizó la iniciativa luciendo una pequeña soga prendida en la solapa, una clara referencia al método de ejecución propuesto en el proyecto de ley.

“Con la ayuda de Dios, implementaremos plenamente esta ley y mataremos a nuestros enemigos”, declaró Ben-Gvir tras la aprobación del proyecto de ley para su votación final, añadiendo que se trata de la norma “más importante” que haya sido aprobada por el Parlamento de Israel en los últimos años.

Esta ley es la última medida de la coalición nacionalista-religiosa de Netanyahu que genera preocupación entre los aliados occidentales de Israel, quienes también han criticado la violencia de los colonos judíos contra los palestinos en Cisjordania.

¿Cuáles son los detalles de la ley y por qué es considerada discriminatoria?

Según el borrador debatido en comisión parlamentaria, la legislación obliga a los tribunales militares israelíes a imponer la pena de muerte a palestinos condenados por el asesinato de ciudadanos israelíes en actos considerados “terroristas”, salvo excepciones limitadas y poco definidas.

Estos tribunales militares solo juzgan a palestinos en Cisjordania ocupada, mientras que los ciudadanos israelíes —incluidos los colonos judíos frecuentemente involucrados en asesinatos y otros actos violentos contra los palestinos— son procesados en tribunales civiles. En estos casos, la pena de muerte no sería obligatoria y requeriría condiciones adicionales, como demostrar que el crimen tenía como objetivo negar la existencia del Estado de Israel.

Para expertos legales y organizaciones de derechos humanos, esta diferencia crea un sistema judicial dual que, en la práctica, afectaría principalmente a los palestinos.

“Se aplicará en los territorios con tribunales militares, que son tribunales palestinos. Se aplicará en los tribunales israelíes, pero solo a actividades terroristas motivadas por el deseo de socavar la existencia de Israel. Esto significa que los judíos no serán procesados ​​bajo esta ley”, declaró el investigador Amichai Cohen, del Instituto Israelí para la Democracia, 

La legislación también establece que las ejecuciones se realicen por ahorcamiento en un plazo de hasta 90 días tras la sentencia firme, sin contemplar mecanismos claros de clemencia o indulto.

Israel abolió la pena de muerte para delitos comunes en 1954 y solo ha ejecutado a una persona desde entonces: el declarado criminal nazi Adolf Eichmann en 1962. Aunque los tribunales militares conservan la facultad de aplicar la pena capital, nunca la han utilizado.

Críticas internacionales y rechazo interno

La iniciativa ha generado críticas de gobiernos europeos, organismos internacionales y grupos de derechos humanos. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia expresaron su preocupación en un comunicado conjunto, en el que advirtieron que la ley tendría un carácter “de facto discriminatorio” y podría poner en riesgo los principios democráticos israelíes.

Expertos de Naciones Unidas también alertaron de que el proyecto incluye definiciones “vagas y excesivamente amplias” del concepto de terrorismo, lo que podría permitir la aplicación de la pena capital a conductas que no constituyen actos terroristas.

Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado además que no existe evidencia de que la pena de muerte sea más efectiva que la cadena perpetua para disuadir delitos, mientras que grupos israelíes de derechos humanos han advertido que la ley podría ser impugnada ante el Tribunal Supremo.

También han surgido críticas dentro del propio sistema de seguridad israelí. Profesionales del ámbito jurídico y de inteligencia han advertido que la medida podría provocar un aumento de la violencia y dificultar negociaciones futuras sobre intercambio de prisioneros o rehenes.

Además, el Comité Público contra la Tortura en Israel recordó que el país ha respaldado históricamente la abolición de la pena de muerte en foros internacionales, lo que situaría a Israel en contradicción con su posición diplomática previa.

Con Reuters, AP y EFE

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